El pasado 22 de junio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó seis denuncias penales contra 235 ex funcionarios federales y estatales relacionados con las investigaciones del caso Iguala—en el que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa—así como 12 denuncias administrativas contra 140 servidores públicos, también en relación con dicho caso.
En comunicado de prensa, el organismo dio a conocer hoy miércoles que hace poco más de un mes interpuso las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, por la probable comisión de irregularidades, delitos y omisiones durante las indagatorias del caso Iguala, entre los que se encuentran probables actos de tortura. Agregó que, de las 12 denuncias administrativas, siete fueron presentada ante la Secretaría de la Función Pública.
Algunas denuncias fueron presentadas también ante la Policía Federal y ante dependencias estatales: la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero.
De acuerdo con esta información, la CNDH interpuso dichas denuncias seis días antes de que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador declarara que durante el sexenio de Peña Nieto el organismo no hizo nada para impedir abusos como los ocurridos en Iguala, entre otros, ya que fue cómplice de los anteriores “gobiernos neoliberales”.
Las denuncias involucran a 116 servidores públicos por irregularidades u omisiones en las indagatorias y a 119 por “actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes” en contra de las personas investigadas, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Señala el comunicado que “destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes (a) ‘El Chereje’, en las inmediaciones del Río ‘San Juan’ de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, que están detalladas en el Apartado 31” de la Recomendación que en su momento fue dirigida al gobierno de Enrique Peña Nieto.
