La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a cubrir las 250 vacantes que existe dentro del Centro Federal de Readaptación Social 1, ubicado en el penal del Altiplano, Estado de México.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló en la recomendación 35/2015 (dirigida al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales) que las observaciones sobre las deficiencias del penal fueron enumeradas desde hace cuatro años, y ninguna ha sido atendida.
Entre ellas se encuentra “no contar con el personal de seguridad y custodia suficiente”, lo que “pone en riesgo la gobernabilidad del Cefereso 1 y la realización de actividades programadas”.
La CNDH recordó que la queja fue iniciada en 2011 cuando 199 familiares y abogados de 180 reos interpusieron una denuncia contra el penal referido luego de que las visitas habían disminuido, así como la periodicidad entre ellas (de 8 a 10 días).
Al respecto, la Comisión emitió en abril de ese año una “Conciliación” que fue recibida por las autoridades del Cefereso, mismas que se comprometieron a realizar las recomendaciones emplazadas. Siete meses después, visitadores corroboraron que ninguna medida había sido acatada.
En julio y octubre de 2012, marzo y diciembre de 2013, abril de 2014, y marzo de 2015, los representantes de la CNDH corroboraron que las faltas señaladas persistían, aunado al incremento de tiempo de espera de las visitas que en promedio va desde los 45 minutos a la hora y media.
El pasado 11 de julio, Joaquín “El Chapo” Guzmán escapó de la prisión del Altiplano a través de un tunel que conectaba la regadera de su celda con una pequeña vivienda a 1.5 km de la cárcel. Por ello, se han detenido a 35 funcionarios públicos vinculados con la fuga, entre ellos 11 policías federales que, entre los argumentos que sostienen sus defensores, está que las instalaciones del Cefereso están en un pésimo estado y que la sobrepoblación rebasa la capacidad de los custodios.
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