Mientras la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) brindaba asistencia técnica al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el secretario general de aquella, Gibrán Ramírez Reyes, pedía hasta la desaparición de este organismo, según una investigación de La Silla Rota.
En el reportaje titulado “Gibrán Ramírez ganó contrato con el Coneval; después pidió eliminarlo”, firmado por la reportera Alejandra Canchola, se informa que en mayo de 2019 la CISS brindaría asistencia técnica al Consejo por un millón 778 mil 400 pesos, cuyos resultados serían entregados a más tardar el 31 de diciembre. Esos recursos le fueron pagados en tres entregas realizadas entre julio y octubre de ese año.
En su cuenta de Twitter, el 23 de julio de 2019 Ramírez Reyes invitó a seguir a José Nabor Cruz Marcelo, “nuevo Secretario Ejecutivo del Coneval. Se trata de un economista joven, prestigiado, premiado en la UNAM y que además es un patriota. Le auguro éxitos”. Y reprodujo un tuit de Cruz Marcelo en el que este escribió: “Reitero mi compromiso para mantener un @coneval fortalecido y de gran prestigio”.
Sin embargo, mientras la institución que encabeza brindaba asistencia técnica al Coneval y él mismo saludaba la llegada de una persona a ese organismo y le deseaba éxito en su encargo, Ramírez Reyes, en un artículo publicado el 29 de julio de 2019 en Milenio titulado “Discutir las entidades autónomas”, se fue contra los organismos autónomos y el Coneval.
En ese texto el conductor del programa televisivo De buena fe de Canal Once describió a los organismos autónomos como “extrañas protuberancias del Estado mexicano”, y que “en un país serio” (sic) el Coneval “sería quizá una subsecretaría de evaluación de Desarrollo Social o su equivalente. El modelo elegido fue otro y contamos ahora con elementos para evaluar su trayectoria y para definir si debemos reformarlo o incluso destruirlo para transitar a otro. ¿Qué no es eso de lo que se trata cuando se habla de un cambio de régimen?”.
Sobre el Consejo añadió que “la autocrítica ha brillado por su ausencia. Quienes van de salida se conforman con señalar lo que se ha hecho bien, pero son incapaces de aceptar que faltaron a parte de su mandato. Si se avanzó tan poco en el combate a la pobreza, ¿no tiene responsabilidad en ello el órgano encargado de ‘normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas’? Si no logró influir en el replanteamiento general de una política social fallida en el combate a la pobreza entonces no sirve y acaso podría sustituirse por un grupo interuniversitario —es decir, de instituciones ya autónomas— que haga el mismo trabajo de medición”.
Y fustigó a Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, durante cuya gestión firmó el contrato de asistencia técnica de la CISS, de quien escribió: “Hernández Licona se ha burlado de la secretaria de Bienestar por pedir nombres de los pobres mexicanos. No entiende, dice, pero tampoco él entiende que el modelo de Ciencia Social que utilizan despersonaliza y desprecia la profundidad cualitativa de otros métodos. Miden sin comprender. Pero la autocrítica no cabe y quien los critica no entiende: ellos y sus entornos académicos son los que saben, y entonces dictaminan que lo han hecho todo bien”.
Hernández Licona fue removido de su cargo el 22 de julio, y fue sustituido por Cruz Marcelo, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Días antes, el 18, Hernández Licona había publicado en Animal Político un texto titulado “Por una austeridad mejor implementada: Coneval”, en el que anotó sobre los recortes presupuestales que se le hacían a ese órgano: “La austeridad es importante para un servicio público que se había excedido desde hace varios años. Los excedentes petroleros financiaron el gasto corriente en las últimas décadas; una parte fue para engrosar la burocracia. Había que corregir. Pero hay que hacerlo con cuidado”.
Aclaró entonces que el Coneval “no brinda salud ni seguridad pública, áreas prioritarias para el bienestar de la población, pero genera un servicio valioso: que los ciudadanos y los gobiernos sepan cómo nos está yendo en política social y cómo podemos ayudar a corregir”.
Destacaba los recortes aplicados por las secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los que “implicarían que la institución prácticamente deje de funcionar en las próximas semanas”. Y señalaba diversas medidas de ahorro que el Coneval había hecho con anterioridad, incluso, a la llegada del gobierno de López Obrador.
Unos días después Hernández Licona tuvo que dejar el cargo, Ramírez Reyes saludó a su patriota sucesor y después pidió la desaparición del Consejo.
El propio 29 de julio Ramírez Reyes afirmó en una entrevista a Julio Hernández López que el diseño institucional del Coneval “es una manera de comprar legitimidad de parte de los gobiernos anteriores. Cada vez que se quería resolver algún problema se recurría al fetiche de la autonomía, que era generar nuevos espacios de poder donde podían incidir académicos y representantes de la sociedad civil que a menudo estaban lejos de la política partidista y que no querían ensuciarse las manos militando”.
Sin embargo, antes del contrato entre el Coneval y la CISS y la embestida de Ramírez Reyes contra el Consejo ya López Obrador había iniciado la ofensiva contra los órganos autónomos. Por ejemplo, en febrero de 2019 los había acusado de corrupción, de simulación, de favorecer los intereses de una minoría y de ser parte de “un gobierno paralelo”.
El presidente dijo el jueves 14 de febrero de 2019: “Son muy leguleyos, con todo respeto, los impulsores del gobierno paralelo de esta constelación de órganos autónomos que crearon en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías y para simular”.
En julio Ramírez Reyes escribió sobre esos órganos, con no mucha originalidad, que son “toda una estructura paralela de gobierno, autónoma”.
Sobre la evaluación que la CISS hizo para el Coneval de programas del gobierno de López Obrador, el reportaje de La Silla Rota cita el informe que hizo sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se justifican lagunas de ese programa porque es “nuevo” y porque “es de una cobertura nunca estudiada”.
Finalmente, el reportaje recuerda que en febrero de 2019 Ramírez Reyes declaró que ganaba 92 mil pesos mensuales en la CISS. En 2019 etcétera informó que por cada emisión del programa De buena fe ganaba 18 mil 251 pesos, y que de las primeras 13 él ganaría casi la quinta parte del presupuesto del programa, por lo que obtendría 237 mil pesos.
