Una jueza de distrito con sede en Campeche otorgó a comunidades indígenas una suspensión definitiva de las obras del tramo 2 del Tren Maya, comprendido entre Escárcega y Calkiní, en la mencionada entidad del sureste de México; el recurso fue interpuesto desde julio pasado.
En comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), dio a conocer que con esta decisión, los demandantes podrán seguir adelante con el proceso judicial, sin que se lleven a cabo las obras que, en su opinión, podrían generar daños irreparables. Por lo tanto, consideraron que el fallo significa beneficio para la sociedad en general y no solamente para ellos, reporta Animal Político.
La resolución establece que las autoridades responsables de acatarla son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Además de detener los trabajos en el tramo señalado, el fallo indica que tampoco podrán efectuarse las obras nuevas contempladas en la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat.
Cabe recordar que más de 100 organizaciones indigenistas y ambientalistas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, interpusieron el amparo por considerar que el proyecto causará deforestación y degradación del suelo, además de contaminar el acuífero de la península de Yucatán. Por tal razón, se verán violentados los derechos de los pueblos originarios de la región.
“Este tren nos desplazará, va a modificar drásticamente nuestras formas de vida, imponiéndonos un desarrollo masivo de diferentes megraproyectos sin consultarnos nuestro parecer”, expusieron en su documento de queja.
Según el boletín del CEMDA, los quejosos solicitaron al Poder Judicial hacer lo conducente para que esta resolución sea atendida y de esta forma, garantizar el respeto a la legalidad y a los derechos humanos de las comunidades indígenas.
“Hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de nuestros derechos humanos. Asimismo, solicitamos respetuosamente a la autoridad judicial para que actúe con mayor diligencia en este caso, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales. Existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas entre 4 y 6 meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables”, indica el documento.
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