La diputada federal del PAN Annia Sarahí Gómez Cárdenas presentó una iniciativa de reforma al artículo 125 del Código Penal Federal para sancionar por abuso de autoridad aquel servidor público que utilice su cargo para obtener ventajas en atención médica o acceso a insumos médicos, como vacunas o consultas para sí mismo o para un tercero.
La bancada panista en la Cámara de Diputados informó sobre la propuesta de Gómez Cárdenas, la cual promueve que se sancione hasta con 4 años de cárcel, la destitución del cargo y la inhabilitación por hasta 9 años a todo aquel servidor que incurra en este tipo de conducta.
Al servidor “se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Las sanciones señaladas en el párrafo anterior se duplicarán cuando la conducta se realice en el periodo de emergencia sanitaria”, indica el documento.
En la propuesta de reforma señala que el servidor público será sancionado “cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, obtenga para beneficio propio, de un familiar o de cualquier tercero, acceso con prioridad y ventaja de cualquier atención médica, vacuna o insumo médico”.
La propuesta surge en un contexto social y político en que el acceso a las vacunas para combatir la pandemia por COVID-19 es difícil y se ha prestado a que algunos personajes políticos usen su posición para ser vacunados antes que médicos y personas de tercera edad.
La legisladora manifiesta que en los últimos meses se ha sabido de funcionarios “que utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente el personal de salud puede tener acceso a la vacuna”. Por ello propone que tal tipo de conducta sea catalogada como de abuso de autoridad.
Dice que el delito de abuso de autoridad es definido como la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio. Es el caso de funcionarios de diferentes niveles de gobierno que han logrado acceder de forma ilegal a las vacunas, cuando no forman parte de los colectivos vulnerables: personal médico y adultos mayores.
Expresa que la crisis sanitaria y la escasez de vacunas promueve la urgencia por romper las normas para acceder a un vacunación. De ahí que sea necesario reformar a la brevedad el marco legal para proteger a los mexicanos más vulnerables.
