La reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador “no se considera viable” debido a que se afectaría la competitividad del sector eléctrico al violar el derecho a la libre competencia; se encarecería el servicio y se afectarían las finanzas públicas y el medio ambiente.
Así lo consideró la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que propuso dar una opinión negativa a la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, elaborada por AMLO para “darle su lugar a la CFE”.
En un proyecto de opinión elaborado por la mencionada Comisión y sobre el que reporta Reforma, se enlistan numerosas razones por las que la reforma no debería ser aprobada en los términos en los que está formulada. Al respecto, el presidente dijo en días pasados que no está dispuesto a cambiar “una coma” de su proyecto, a pesar de que ha recogido posturas en contra en todos los ámbitos, con excepción de su partido político.
“Esta iniciativa afectará la competitividad del sector eléctrico, se violentarán Tratados Internacionales y se estará en contra de la Constitución Política mexicana, afectando a los consumidores e inversionistas”.
Esta postura contrasta con la que tomó la semana pasada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que aprobó la iniciativa. Posteriormente, también durante la semana pasada, se realizó en la Cámara de Diputados un encuentro de Parlamento Abierto, en donde múltiples voces se alzaron en contra de la reforma. Ambas posturas deberán ser tomadas en cuenta por la Comisión de Energía, que falta de pronunciarse.
El documento, elaborado por el grupo de trabajo legislativo encabezado por el priísta Fernando Galindo, considera que la reforma no es viable pues se generarían “condiciones anticompetitivas para los inversionistas”, y se daría un trato discriminatorio a empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros.
“No se consideran viables la reformas a la industria eléctrica, pues se violaría el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales”.
Agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el pasado, ya se ha pronunciado en contra de políticas que den “una ventaja indebida a la CFE”, que es precisamente lo que hace la iniciativa del presidente. AMLO ha dicho que su propuesta de reforma busca dar preferencia a las empresas del Estado por encima de las empresas privadas para la compra de fluido eléctrico.
Esto significa que la Comisión Federal de Electricidad dé prioridad a otras empresas de la propia CFE para comprar fluido eléctrico (a centrales eléctricas e hidroeléctricas) pues según el mandatario, de esta manera se fortalece la industria eléctrica nacional.
Pero de acuerdo con especialistas del sector, eso hará que se debiliten las empresas privadas, que el Estado compre la electricidad más cara (con el consiguiente aumento para el consumidor final), que se favorezca el monopolio estatal, y que el Estado pierda miles de millones de pesos, debido a que ya existen contratos con proveedores privados, mismos que se deberán cancelar, pagando penalizaciones.
“No se consideran viables las reformas a la industria eléctrica, en razón de que la Suprema Corte de Justicia ya invalidó elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la SENER; al señalar que se invaden competencias de la COFECE, se viola el derecho a la libre competencia y se da Elementos que retoma esta iniciativa”.
Y señala que de “entrar en vigor la iniciativa, habrá tarifas de suministro eléctrico más altas, que pagarán los consumidores”.
