La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, propuso una iniciativa para que la violencia de género cometida por funcionarios sea considerada como una falta grave, y por lo tanto, sea sancionada con su destitución e inhabilitación para ocupar nuevos cargos en el sector público.
Al exponer su propuesta, argumentó que es momento de que desde el Poder Legislativo se tomen las medidas necesarias para evitar quienes trabajan en instituciones gubernamentales, sigan reproduciendo diversos patrones de violencia en contra de los mujeres con sus dichos y acciones. En este sentido, recordó que recientemente los medios de comunicación han difundido diversas declaraciones de funcionarios que denigran a las mujeres.
Según el reporte de Reforma, la legisladora advirtió que al no haber sanciones, este tipo de actitudes continuarán dándose. A manera de ejemplo, recordó que nada sucedió con el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, quien se refirió a las mujeres como “pirujas”.
“Si esos funcionarios no son sancionados de manera realmente que se pueda ver y comprobar, incluso con la inhabilitación, va a seguirse reproduciendo la violencia de género”, indicó.
Detalló que su propuesta plantea reformas al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Público, en el cual se tipificaría como falta grave la violencia hacia la mujer, y por lo tanto, se establecen multas económicas y procedimientos de sanción que incluyan la destitución de quien cometa esta falta.
“La violencia de género como conducta grave que constituya una falta administrativa permitirá que, a juicio de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los procedimientos que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se puedan imponer a un servidor público en funciones una o más de las siguientes sanciones: ser suspendido del empleo, destituirlo, una sanción económica o la inhabilitación temporal”, manifestó.
arg
