Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que Morena todavía tiene un adeudo de impuestos del año pasado por 60 millones de pesos, por lo que solicita una auditoría para el partido oficial.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE llevada a cabo este miércoles, uno de los temas fue la fiscalización de los partidos políticos, al que se refirió Humphrey, quien en una de sus intervenciones afirmó que Morena debe en impuestos 60 millones correspondientes al año 2024.
Sobre ello abundó la consejera: “Sin duda es de reconocer el esfuerzo que ha hecho Morena por pagar todos los impuestos que debía. Nuestras cuentas y las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no están iguales”.
Antes esa situación, continuó: “¿Qué estamos proponiendo? Que hagamos una auditoría, y cada partido asumirá lo que le falta y lo que no le falta, y si no, esta autoridad tomará las determinaciones correspondiente respecto de lo que nos toca a nosotros de la falta de cumplimiento de impuestos”.
Al respecto, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, dijo que a una consulta que hicieron al SAT esa autoridad le respondió que “no debemos”, pero que el INE dice que sí deben. “Caray, ¿entonces pues para qué está el SAT? Mejor preguntemos aquí en el INE quién debe y quién no debe impuestos porque sale sobrando entonces la actividad del SAT”.
Humphrey aclaró que los impuestos no son todas las obligaciones fiscales sino que también las hay en materia de seguridad social y en las que el SAT no tiene la última palabra en determinar cuántos impuestos se deben o no “porque también hay contribuciones de otra naturaleza que el SAT no es la autoridad competente para determinar”.
En una intervención anterior Humphrey se había referido a un partido (que después se supo es Morena) que, derivado de comunicaciones con el SAT, presumía que tenía solventado el asunto de los impuestos.
Sin embargo, acotó la consejera, “se han observado diferencias entre lo revisado por la Unidad, lo reportado por los partidos políticos y lo informado por el propio SAT”. Debido a ello se proponía ordenar una auditoría especial “para tener certeza de la situación tributaria de todos los sujetos obligados y que estos presenten la documentación adecuada para la comprobación de los pagos realizados”.
Gutiérrez Luna rechazaba ser parte de la auditoría especial porque, a su juicio, con el documento que les extendió el SAT se comprobaba el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Al respecto, la consejera también le leyó una respuesta que a su vez le dio el SAT al órgano fiscalizador del INE: “‘Finalmente, se señala que el SAT no prejuzga la veracidad de la información declarada por los entes públicos, toda vez que les corresponde a estos la determinación y el entero de los impuestos en los términos de los artículos 96 y 99 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo cual se dejan a salvo las facultades de los órganos fiscalizadores’. ¿Okey?”.
Humphrey agregó que se buscarán acercamientos con el SAT para tratar ese y otros temas para fortalecer los trabajos de fiscalización.
