A cuatro días de que inicie la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ratificó su posición de que una decisión eminentemente técnica, como es la ubicación del aeropuerto, no debe ser sometida a una consulta ciudadana. Señala que si bien la participación ciudadana es fundamental en el desarrollo democrático de los países, las decisiones concernientes al desarrollo económico y de infraestructura son responsabilidad jurídica y política del gobierno.
Ante ello, el CCE asegura que la consulta del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal. “No se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de Consulta Popular. En los términos en que está planteada, la consulta no tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante”.
Incluso -subrayan- tal y como está planteada, no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad, además de que tiene un marcado sesgo en su formulación y planteamiento de desarrollo hacia una de las opciones puestas a consideración (Santa Lucía), lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía.
El Consejo también cuestiona los criterios técnicos de diseño de la consulta, las medidas de seguridad a implementar para evitar, por ejemplo, el acarreo, la compra de votos, la duplicidad en los votantes, así como asegurar la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos. Inclusive que no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que resulte válida.
Pese al discurso y llamado del presidente electo de ser imparciales, el CCE también cuestiona y exhibe el sesgo del equipo de transición que ha tomado partido por Santa Lucía, reacondicionar el aeropuerto actual y modernizar el de Toluca. “La información presentada sobre el proyecto de Texcoco es -cuando menos- parcial e incompleta, no toma en cuenta los pronunciamientos y argumentos de organismos importantes como los Colegios de Ingenieros, la Asociación de Pilotos, MITRE y otras instituciones igualmente prestigiadas. Adicionalmente, se ha señalado que varios de los miembros del Comité Técnico a cargo de la consulta han expresado públicamente su opinión a favor de la opción de Santa Lucía, dañando gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio”, aseguran.
Finalmente, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial recuerdan que el NAIM representa una obra indispensable para detonar la competitividad de México, pero también tiene el potencial de convertirse en un proyecto con alto valor social para el área, ya que si se crea una “Zona Económica Especial de Alto Impacto Social”, como lo han propuesto, se podrá impulsar el desarrollo social y la generación de empleos bien remunerados en los municipios aledaños al proyecto a través de inversiones en salud, educación, seguridad e infraestructura.
“Reiteramos nuestra recomendación de continuar la obra del NAIM, independientemente de poder revisar el esquema de costos, siempre y cuando no quede comprometida la funcionalidad del aeropuerto (…) La cancelación del NAIM tendría implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales y de confianza en perjuicio de México y de futuros proyectos de gran envergadura, que requieren inversión nacional e internacional. Podría incluso significar un alto costo para la economía mexicana, que ya enfrenta señales negativas de algunas calificadoras ante pronósticos alarmantes en algunas áreas”.
