El gobernador morenista de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, desvía o triangula recursos que deben ser destinado al apoyo empresarial para pagar gastos de publicidad oficial, según revelan solicitudes de transparencia obtenida por Morelos Rinde Cuentas.
La asociación civil consiguió información vía transparencia en el sentido de que el gobierno de Blanco ha empleado dinero del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifopedi), un fideicomiso cuyos recursos están destinados, por ley, a apoyar a pequeñas y medianas empresas.
De esta manera, ha logrado gastar más dinero del que el Congreso de Morelos le ha aprobado en los presupuestos anuales.
Según la agrupación, entre 2019 y 2022, el gobierno del exfutbolista tenía aprobados 424 millones para comunicación social, pero ejerció 713 millones, 125% más de lo legalmente aprobado.
Según declaraciones del director de la agrupación, Roberto Salinas Ramírez, en 2023 el Congreso puso un límite a los excesos en gastos de Blanco y le etiquetó únicamente 50 millones de pesos.
“Eso le generó una crisis al gobierno del estado porque ya no podía pagar igual a los medios de comunicación”, dijo Salinas, en declaraciones a Latinus.
Este ajuste presupuestal llevó al gobierno de Blanco a usar dinero del Fifopedi para pagar a empresas que daban servicios de publicidad oficial. Entre las empresas beneficiadas se encuentran, dijo Salinas Ramírez, Editoriales de Morelos, Publimor y Editores de Publicaciones de los Estados.
Para justificar el uso de recursos del fideicomiso, se dice en las asignaciones que se les paga para “promover a microempresas”, pero según Salinas Ramírez, esto es falso.
“Estas empresas y Publimor son propiedad de los mismos empresarios, según el Registro Público de Comercio, y están recibiendo un apoyo económico para supuestamente promover a microempresas, pero realmente se les está pagando por difusión con recursos de este fideicomiso. Es decir, están disfrazando el gasto en comunicación social en apoyo a la inversión”.
Otras tres empresas beneficiadas de manera indebida son propiedad de Juan Diego Pons, director general del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), un fondo estatal.
En este caso no se trata de pagos por publicidad, sino de “apoyos empresariales”, pero las empresas son propiedad de un funcionario que realiza la evaluación de qué empresas son beneficiadas.
Se trata de las empresas Inmobiliaria Matoja, Ingeniería en Alimentos y El Dulce Sabor de la Vida, cuyos propietarios son parientes de dicho funcionario y recibieron “apoyos” por más de 400 mil pesos.
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