La crisis de violencia por la que atraviesa Culiacán sin visos de solución ya ha tenido un costo de unos 18 mil millones de pesos y se han perdido 25 mil empleos, según datos de empresarios y comerciantes de Sinaloa.
La situación de violencia provocada por el enfrentamiento entre dos facciones del Cártel de Sinaloa tras el secuestro y detención de Ismael “el Mayo” Zambada también ya ha tenido un alto costo económico y social en la entidad, sin que se haya implementado una política integral y eficaz en la entidad para mejorar las condiciones.
Por ello y ante la falta de atención del gobernador Rubén Rocha Moya un grupo de dirigentes empresariales se encuentran en la Ciudad de México en busca de medidas efectivas para intentar aliviar la situación, como es mejorar la seguridad y aplazar el pago de sus impuestos.
Así, esta semana llegaron a la Ciudad de México para dialogar con autoridades federales dirigentes de Sinaloa de organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Cámara Nacional de Comercio y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Martha Reyes Zazueta, la presidenta de la Coparmex en Sinaloa, explicó que no vienen a la capital del país a pedir la condonación de impuestos, sino simplemente a solicitar que les sean diferidos pagos de impuestos para poder pagar sueldos y aguinaldos a sus trabajadores. Asimismo, buscarán que haya créditos blandos y que no se cobren servicios básicos a quienes han quedado desempleados.
Sin embargo, hizo un reclamo: que las autoridades no les han devuelto lo que han pagado de impuestos con “lo que constitucionalmente nos deben, que es dar la seguridad”.
En declaraciones en el programa de Ciro Gómez Leyva, Reyes Zazueta dijo: “No queremos que nos regalen nada, no queremos apoyos para condonarnos. Queremos que nos apoyen para seguir pagando impuestos, lo que significa que nos den las condiciones necesarias para seguir abriendo nuestras cortinas, para poder generar empleos, para que la gente salga a consumir”.
En esa entrevista la presidente de la Coparmex en Sinaloa afirmó que las pérdidas económicas por la violencia han sido de 18 mil millones de pesos, además de que 25 mil personas han caído en el desempleo.
También planteó que recursos de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro sean redireccionados hacia la gente que se quedó sin empleo y que son padres de familia que sí quieren y les urge trabajar.
Desde el 18 de septiembre, prácticamente una semana después del inicio de las hostilidades entre los dos bandos del Cártel de Sinaloa, los empresarios y comerciantes de Culiacán reportaron pérdidas económicas por mil 750 millones de pesos, además de que estaban en riesgo 350 mil empleos de persistir la situación.
Desde entonces le solicitaron al gobierno del estado y al ayuntamiento de Culiacán la bonificación de impuestos para aliviar la situación.
Sin embargo, ante las insuficientes respuestas por parte de la administración de Rocha Moya la semana pasada los empresarios culiacanenses decidieron viajar a la Ciudad de México para entrevistarse con las autoridades federales para buscar un plan de emergencia ante la situación.
Entonces Reyes Zazueta habló de que mientras al menos 76 negocios formales habían tenido que cerrar en medio de la violencia y de pérdidas económicas, las autoridades desplegaron “hostigamiento” hasta por un día de retraso en el pago de impuestos.
Por ello anunció que este martes intentarían reunirse con legisladores federales, además de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Economía para proponer un plan de emergencia económica ante los daños económicos producidos por la violencia.
Se ha informado que desde septiembre en Sinaloa se han registrado más de 500 asesinatos y más de mil 600 vehículos robados, además de cientos de personas desaparecidas.
