Andrés Manuel López Obrador perdió en 1988 la elección contra Salvador Neme en Tabasco. Tras su derrota, sin embargo, organizó plantones, manifestaciones, cierres de carreteras y bloqueos de pozos de petróleo, que con el tiempo contribuyeron a la renuncia de Neme. Y a su propia proyección en México.
López Obrador ganó la presidencia de su partido; después ganó también el Gobierno del Distrito Federal. En 2006 perdió la elección contra Calderón y en 2012 perdió la elección contra Peña Nieto. En ninguno de los casos reconoció su derrota. En 2018 fue elegido con 53 por ciento de los votos. Su triunfo fue contundente, no así el de su coalición de partidos. Los resultados de esa elección desfiguraron uno de los pilares de la democracia: el de la representatividad. Una minoría de sufragios pasó a ser una mayoría de escaños en la Cámara de Diputados. ¿Qué sucedió?
El artículo 54 de la Constitución señala, en su fracción V, que ningún partido podrá contar con un número de diputados “que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. En otras palabras, no puede existir una diferencia mayor de ocho por ciento entre votos y escaños.
El principio fue vulnerado en 2012 y 2015, en ambas ocasiones por el PRI y el PVEM. Pero el caso más extremo de sobrerrepresentación ocurrió en 2018. “Los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvieron 44 por ciento de la votación popular a la Cámara de Diputados”, escribió el consejero electoral Ciro Murayama en un artículo publicado la semana pasada en Excélsior, “pero recibieron 308 diputados, lo que equivale a 61.6 por ciento del total. Es decir, ocurrió una sobrerrepresentación que duplicó el límite establecido en la Constitución”. Lo hizo aprovechando las leyes secundarias que reglamentaban la coalición, las cuales le permitían al partido mayoritario (Morena) transferir triunfos distritales a sus socios minoritarios (PT y PES). “Así, el mayoritario aparenta tener menos diputados uninominales, lo que le permite acceder a un reparto mayor de plurinominales”.
“La sobrerrepresentación implica, siempre, subrepresentación”, observa Murayama. Así sucedió en la elección de 2018 para la Cámara. La mayoría de los votos, 56 por ciento, quedaron subrepresentados con 38 por ciento de los diputados. La coalición del gobierno tiene hasta el día de hoy, ahí, una mayoría que no ganó en las urnas. El problema llegó al Tribunal Electoral, que en la sentencia SUP-CDC-8/2015 afirmó que el INE, al hacer la distribución de los plurinominales, debía ajustarse “a los parámetros constitucionales para evitar la sobre y subrepresentación de los órganos legislativos”. Es lo que acaba de hacer el INE, que provocó los ataques del Presidente y de su partido.
Ver más en Milenio