El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió un segundo revés de gran calado, pues a dos meses de que fue suspendida de manera definitiva la Ley de la Industria Eléctrica, este 17 de mayo se concedieron dos suspensiones definitivas y con efectos generales a la reforma de la Ley de Hidrocarburos.
Ambas reformas tienen como eje limitar severamente la participación del sector privado en el mercado eléctrico y de combustibles, respectivamente, y hacer crecer el predominio del Estado, lo que va en contra de previos acuerdos internacionales signados por el gobierno mexicano, particularmente el T-MEC, negociado por el propio gobierno actual.
Casi en consonancia, los jueces Rodrigo de la Peza y el ya famoso juez Juan Pablo Gómez Fierro (quien también ha concedido suspensiones contra la reforma eléctrica y la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil) concedieron sendas suspensiones definitivas y con efectos generales a las principales reformas hechas a la Ley de Hidrocarburos.
Las suspensiones definitivas significan que la ley no puede promulgarse hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en torno a su constitucionalidad. Que sea de efectos generales significa que la suspensión aplica para todas las personas que puedan resultar afectadas, sin importar si interpusieron un amparo o no.
Por ejemplo, hace algunas semanas el juez Gomez Fierro concedió algunas suspensiones particulares en contra del PANAUT, lo que quiere decir que solo fueron en beneficio de los promoventes del amparo. Sin embargo, con posterioridad a esas suspensiones, tanto el INAI como el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunciaron que interpondrían recursos de inconstitucionalidad ante la SCJN con respecto a dicho padrón, lo que detiene la medida hasta que la Corte se pronuncie.
Ahora, las suspensiones anunciadas este lunes contra la Ley de Hidrocarburos se dictaron ante las peticiones de amparo de las empresas Viga Express, Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antiuc, Distribuidora de Combustibles Mil y por Dalia Pilar Lamarque Picos, según la lista de acuerdos.
Asimismo, el pasado 12 de mayo tres empresas norteamericanas presentaron una demanda arbitral en contra del gobierno mexicano por dichas reformas.
Se trata de las firmas con base en Estados Unidos: Finley Resources Inc., MWS Management Inc., y Prize Permanent Holdings, las cuales interpusieron una demanda de arbitraje contra el gobierno de México el pasado 12 de mayo.
El 7 de mayo, las más de 600 empresas agrupadas en el Instituto Americano del Petróleo pidieron al gobierno de Joe Biden cabildear con el gobierno mexicano por medio de la representante comercial de Estados Unidos ante México, Katherine Tai. Esto, ante la promulgación de la ley, el pasado 5 de mayo.
Estas dos suspensiones definitivas se suman a 18 provisionales que el juez De la Peza concedió la semana pasada, para frenar la aplicación de 5 artículos de la ley. Las suspensiones fueron otorgadas considerando la probable inconstitucionalidad de las reformas.
