La Guardia Nacional debe aclarar por qué se retiró de Uruapan unos días antes de que ocurriera el asesinato de Carlos Manzo, señaló el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, al plantear un punto de acuerdo sobre este tema.
Además de solicitar los fundamentos técnicos y jurídicos para decidir el retiro de la corporación del citado municipio michoacano, el legislador requirió un reporte general en el que se especifiquen los criterios y metodología que se emplean para determinar los despliegues de la Guardia Nacional en las diferentes regiones del país.
Según información de Reforma, en el punto de acuerdo se pide que se explique si para tomar decisiones se toman en cuenta factores como incidencia delictiva, densidad poblacional, extensión territorial, infraestructura estratégica, coordinación interinstitucional y capacidad operativa de las corporaciones locales.
En su argumentación, Colosio Riojas recordó que el pasado 8 de octubre, Carlos Manzo denunció que, sin ninguna explicación, fueron retirados unos 200 elementos de la Guardia Nacional que habían sido enviados a Uruapan para reforzar la seguridad; también advirtió que se les retiró sin que se hubieran conseguido los objetivos en cuanto a reducción de la violencia, por lo que se dejaba a la gente en estado de vulnerabilidad.
Abundó que el municipio es el segundo con mayor población en Michoacán y uno de los más relevantes en términos económicos y logísticos, pese a lo cual enfrenta niveles de criminalidad persistentes.
“De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Uruapan registró una tasa de 52 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2024, y 56 en 2023, más del doble del promedio nacional (24.8)”, explicó el senador de MC.
Por esa razón, indicó, era fundamental mantener desplegada a la Guardia Nacional en Uruapan, con base en una eficiente coordinación con las fuerzas policiales estatales y municipales, para que esta presencia se refleje en resultados concretos, de acuerdo al comportamiento delictivo en cada una de las regiones de Michoacán.
“Mientras los homicidios y las extorsiones en el municipio siguen en aumento, la decisión de reducir presencia federal rompe con toda lógica de proporcionalidad territorial”, concluyó.
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