Luego de haber recibido ataques por su “falta de ética” por haber subido un video de contenido sexual explícito, la diputada trans de Morena, María Clemente García, dijo que tiene todo el derecho de hacerlo, ya que es parte de su trabajo, que es “ser puta”.
Así como otros diputados siguen ejerciendo sus profesiones al tiempo que son legisladores, yo puedo seguir ejerciendo mi oficio de puta, señaló en sus redes sociales. Hay legisladores que siguen siendo abogado, productores en el campo o empresarios.
“Si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta” y agregó que siempre se ha dedicado a eso y a producir pornografía. “Me pagan”, dijo, lo que indica que se trata de un trabajo.
“Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia Arizmendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? ¿A ella tampoco le alcanza? ¿Por qué sigue trabajando?”.
“En el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos; siguen yendo a sus ranchos los que son campesinos. ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo haré lo mismo”, enfatizó.
Y es que en redes sociales y dentro de la propia Cámara de Diputados ha habido intensa incomodidad e inconformidad por un video en donde la legisladora realiza sexo oral a un varón.
La diputada del PAN, Teresa Castell, interpuso una queja ante el Comité de Ética. Y el legislador morenista, Ignacio Mier, dijo que dicha comisión analizará el caso.
“Con el respaldo de diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD y MC presenté una queja ante el Comité de Ética, por las conductas violentas e inadecuadas de María Clemente”, publicó en su cuenta de Twitter. Agregó que “las mujeres no nos vamos a quedar calladas, el Comité no puede ser cómplice de esta violencia”.
La queja fue apoyada por 32 diputados del PAN y PRD, y en ella dicen que “el hecho de hacer públicos actos de este calado, no hace más que menoscabar la investidura del legislador o legisladora que los comete”, y se le “falta al respeto” a la ciudadanía.
La diputada trans replicó que ni el video ni su oficio afectan su labor legislativa, que se trata de su trabajo y que éste no se realizó desde instalaciones de la Cámara de Diputados o con equipo del Congreso.
También dijo, en declaraciones a los medios, que la Constitución la respalda.
Cabe recordar que desde 2014, el trabajo sexual es un trabajo protegido por la Constitución, no un delito ni tampoco una falta administrativa. Existe un movimiento social que tiene décadas para dignificar el trabajo sexual, obtener derechos, seguridad social y reconocimiento social.
El ejercicio del trabajo sexual o prostitución, está amparado por la libertad de trabajo, siempre y cuando lo ejerzan libremente personas mayores de edad. Al considerarse un trabajo, está tutelada por el artículo 5° Constitucional, que establece la libertad de los mexicanos de dedicarse al trabajo o profesión que elijan, siempre y cuando sea lícito.
Es decir, que el sexoservicio se considera un trabajo, una profesión o un oficio, no se considera ilícito y a quienes los ejercen se les considera trabajadores y profesionales.
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