La investigación sobre las personas desaparecidas en México es muy pobre por la escasez y el subejercicio de recursos destinados a ellas, por la falta de homologación de legislaciones estatales, la carencia de personal y capacitación de las comisiones locales de búsqueda y por la indolencia de las autoridades respecto a esa tarea, indica El Universal.
Este martes fue publicado el reportaje “Sin usar presupuesto y sin personal para buscar a desaparecidos”, de Alelhí Salgado, en ese diario, en el que se anotan las diversas dificultades y problemas que enfrenta la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Uno de los principales obstáculos en esa tarea es la de la falta de ejecución de presupuesto: según reporta el Examen Periódico Universal, “20 de las 32 coordinaciones estatales devolvieron entre 50% y 100% del presupuesto asignado que no se utilizó”.
Además, está la falta de personal que se dedique a esa labor: una tercera parte de las coordinaciones estatales ha operado con menos de 10 personas. A ello se suma la falta de experiencia en la materia de muchas de ellas, lo que dificulta la identificación, registro y localización de los desaparecidos. A eso se añade que en 16 entidades no se instalaron consejos ciudadanos de búsqueda.
Las legislaciones estatales también significan un problema en la materia: en los recientes seis años la tercera parte de los estados no han homologado sus leyes con la Ley General de Desaparición Forzada.
El reportaje también recoge las palabras de Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, en el sentido de que el tema no está entre las prioridades del gobierno, que no tiene empatía con las víctimas, y remató: “No se busca resolver el problema y el ejemplo está con la nueva comisionada, que desconoce totalmente sobre el tema”.
En entrevistas con personas buscadoras, el diario refiere los escasos recursos con los que cuentan los familiares de personas desaparecidas para su búsqueda, además de que denuncian “el abandono y el trato inhumano” que reciben de parte de las autoridades.
Asimismo, critican la confusión de cifras que hay sobre las personas desaparecidas en el país, además de que los conteos de organizaciones civiles triplican los más recientes datos oficiales.
Otro grave problema es el de la casi total impunidad en que se mantiene a los responsables de desapariciones, ya que, como indica el Examen Periódico Universal, desde 2006 apenas entre el 2 y el 6 por ciento de los casos se han judicializado y sólo se han emitido 36 sentencias.
Por otra parte, apenas el pasado lunes decenas de madres buscadoras protestaron afuera de Palacio Nacional contra el recuento de desaparecidos que ha emprendido el gobierno federal, además de que pedían derecho de réplica en la conferencia de prensa presidencial después de que Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, apenas fueron escuchadas en la calle por Guadalupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que les pareció insatisfactorio. Y el presidente no las recibió.
Sin embargo, en julio López Obrador sí tuvo tiempo para entrevistarse con Estela de Carloto, una de las líderes de la búsqueda de desaparecidos en… Argentina.
