En una larga misiva dirigida al diario La Jornada, dos de los hijos mayores de AMLO, Andrés y Gonzalo, negaron haber cometido actos de corrupción, aseguraron que “no hay pruebas” y de paso, aventaron a los leones a su amigo Amílcar Olán, central en la trama de lo que se ha llamado “El Clan” o la red de “Amigos de Andy”.
En obediencia a la orden de su padre el presidente, lanzada el pasado 4 de abril, Andrés y Gonzalo López Beltrán publicaron este miércoles una larga carta en el diario La Jornada en donde negaron estar involucrados en acto alguno de corrupción o tráfico de influencias como han documentado abundantes reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y Latinus.
La Jornada colocó la carta en la portada de su edición impresa, bajo el título “Carta abierta”.
La carta es un claro mapa de a quiénes están dejando solos los hijos del presidente, empezando por su hermano mayor, José Ramón López Beltrán. También es un furioso ataque contra la prensa y los “pseudoperiodistas” que, según ellos, difunden información sin sustento.
Lo que respondieron y lo que no dijeron
1.- Hablan del nombramiento de Alejandro Castro Labora como “supervisor” del malecón de Villahermosa, hecho por AMLO en 2019. Este nombramiento fue totalmente informal, sin que quedara adscrito a ninguna dependencia y por ende, sin obligación alguna de informar, llenar papeleo o reportar acciones ante ninguna autoridad.
Dicen que Castro Labora aceptó “supervisar” la obra del malecón sin cobrar nada y por ayudar a la 4T y aseguran que no tiene contratos con el gobierno “en dicho proyecto”. En efecto, MCCI informó en 2022 que no hay “rastro de qué hizo Castro Labora” en la obra del malecón, pues “no obra en ningún registro” a pesar del nombramiento público hecho por AMLO.
De esta manera, Andrés y Gonzalo aceptan que su padre otorgó poder discrecional a Castro Labora en torno a la obra del malecón y que toda su actividad está envuelta en la opacidad. Los hermanos López Beltrán deploran que Castro Labora se haya visto envuelto en difamaciones por su deseo de “apoyar” a la 4T.
2.- Defienden la elección de la empresa Tektonika como ejecutora de la obra del Archivo Agrario pero calculadamente no mencionan que la empresa es propiedad de Alejandro Castro Labora.
3.- Dicen no tener conocimiento de Hugo Buentello Carbonell, socio de Industrias Wolhf, empresa que posee la marca “Grava y Arena” que fue “recomendada” por el gobierno de Claudia Sheinbaum para una obra en Chapultepec. No dicen que Buentello Carbonell y Castro Labora comparten domicilio fiscal para dos de sus empresas.
4.- Sí se preocupan por destacar que las anomalías que fueron encontradas en la obra, y que reportó en 2022, MCCI fueron meras observaciones “ya solventadas”. Llama la atención que se preocupen por hacer esa aclaración.
5.- Se deslindan totalmente de Amílcar Olán, por cuyas llamadas filtradas se destapó la enorme red en torno a ellos. Lo llaman “el propietario de la empresa Romedic”. Describen su relación con él como producto del vínculo entre amigos comunes, implicando así que no hay una amistad profunda. Dicen jamás haber intercedido por él o por nadie para la obtención de contratos públicos, pero sí aceptan saber que cuando lo conocieron este “no tenía ninguna relación comercial con ningún nivel de gobierno”. Afirman estar seguros de que Romedic, empresa de Amílcar Olán, “no tuvo contratos con el INSABI” y achacan toda la responsabilidad de las compras hechas a Amílcar en los gobiernos de Tlaxcala, Quintana Roo, Sonora y Tabasco.
6.- Aseguran que es totalmente falso que Gonzalo López Beltrán haya prometido una concesión de balastro a Amílcar Olán y que no tienen ninguna injerencia en que “los consorcios” que compran material para el Tren Maya hayan elegido a uno u otro proveedor. Sin mencionar a la Sedena le “avientan la bolita” de lo que pueda pasar en caso de que haya un accidente en el Tren Maya por baja calidad del balastro, pues afirman que quienes construyen “son los responsables de la calidad del balastro que adquieren y colocan en la obra”.
7.- Justifican la intervención de Gonzalo en la obra del Tren Maya como “asesor honorífico” del Tren Maya. Por decisión de AMLO, Gonzalo se hizo de un poder informal y paralelo, sin adscripción legal a ninguna dependencia y por ello, sin obligación administrativa de dar cuenta de nada y sin que se sepa si sus idas y venidas estuvieron pagadas con recursos públicos, con quien habló, a quien recibió, ni nada.
“Debido a la preocupación de nuestro padre por avanzar lo más rápido posible en las obras que deberían de quedar concluidas antes del cierre del sexenio, le pidió a los encargados del proyecto del Tren Interoceánico recibir a Gonzalo en calidad de “Asesor Honorífico”, para que él pudiera estar supervisando los avances que se tienen e informarle de forma periódica para ahorrarle la necesidad de acudir a la zona de forma mucho más frecuente y poder dedicar dicho tiempo a otras labores que lo ameritan”. Hay que destacar que AMLO ordenó a los encargados informar a Gonzalo de asuntos que, de acuerdo con la ley, están calificados como de “seguridad nacional”.
8.- Niegan toda relación con grupos de la delincuencia organizada y aseguran que no existen pruebas que demuestren que ellos o su padre recibieron recursos ilícitos. Respecto a la nota de febrero de este año titulada “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México” del New York Times, diario al que llaman “pasquín”, dicen que los “pseudoperiodistas” citan declaraciones de oídas y no demuestran nada.
Cabe señalar que la falta de pruebas o el origen de los dichos no molestó a Morena, a AMLO ni a los hijos del presidente cuando se ha tratado de señalar a miembros de la oposición. El mejor y más claro ejemplo es el caso en contra de Genaro García Luna, que se basó fundamentalmente en dichos de criminales. AMLO siempre dio por verídicos estos testimonios y ha dicho repetidamente que está probado el vínculo de García Luna con el crimen organizado.
9.- En ningún momento defienden a diversos personajes políticos mencionados por Amílcar Olán en sus muchas e indiscretas llamadas. No defienden a sus propios primos, Pedro y Osterlén Salazar Beltrán. No defienden a Javier May, involucrado en dar contratos cuando estuvo en Fonatur y que según Olán, le prometió contratos si llegaba al gobierno de Tabasco. Ni a Daniel Asaf, mano derecha de AMLO. Tampoco a Raquel Buenrostro en la secretaría de Economía, que recibió a Olán para tratar temas del Tren Maya. Tampoco a Adán Augusto López Hernández, que según informantes del periodista Claudio Ochoa, “usó” a Amílcar para ejecutar extorsiones a dueños de casinos en todo el país cuando estuvo en Segob. Tampoco mencionan ni defienden a los delegados estatales del IMSS en Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo y Tabasco, que le compraron medicinas a dos empresas de Amílcar.
10.- Descalifican las pruebas presentadas por Latinus y MCCI. Se ufanan abiertamente de que no hay una sola cuenta bancaria, un depósito o algún video “que realmente nos coloque en alguno de todos los delitos que pretenden imputarnos en todos estos artículos. Nunca podrán hacerlo porque son simple y llanamente falsedades y mentiras”.
Que “todo tiene un límite”
“Durante estos años decidimos resistir la embestida guardando silencio y dejando que nuestro padre respondiera las calumnias y mentiras que nuestros adversarios han esgrimido continuamente en nuestra contra con el fin de usarnos para debilitar su credibilidad y fuerza moral. Sin embargo, todo tiene un límite. Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse”, expresan.
Lo que no dijeron es que fue el propio presidente quien les ordenó, en una conferencia mañanera, hacer un escrito para defenderse, tras meses de revelaciones hechas por Latinus y Carlos Loret, sobre el involucramiento de Amílcar Olán, dos sobrinos de AMLO y el jefe de logística de este, Daniel Asaf, en una red de tráfico de influencias que llevó a que Olán hiciera contratos con diversos gobiernos y con el gobierno federal para venta de medicamentos, arrendamiento de predios, venta de balastro y más.
La Jornada, medio que ha recibido mil 200 millones de pesos en publicidad en este sexenio, publicó la misiva en exclusiva y de manera íntegra con la siguiente cabeza “Ninguna de las calumnias y acusaciones han sido sustentadas con pruebas”.
Prácticamente todos los medios han informado sobre esta carta, destacando las protestas de inocencia de Gonzalo y Andrés.
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