El Senado de la República abrogó la Ley sobre Delitos de Imprenta ya que los legisladores consideraron que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en la Constitución, lo que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró inadmisible por el riesgo de censura, por lo que criticó una iniciativa al respecto en la Cámara de Diputados.
Este miércoles, de manera unánime, con 92 votos a favor, el Senado aprobó el dictamen para abrogar la Ley sobre Delitos de Imprenta, que estaba vigente desde su publicación el 12 de abril de 2017. La principal consideración de los legisladores para tomar esta determinación es que esa ley limitaba el goce y ejercicio de los derechos de libertad de expresión, opinión e imprenta.
En su intervención en tribuna, Monreal consideró que con esta abrogación “se sepulta toda contradicción, todo retroceso en el avance progresivo de la garantía y protección más amplia de los ciudadanos”.
Al respecto recordó la reforma constitucional sobre derechos humanos realizada en 2011, por la que “se privilegió la protección, la garantía de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México forma parte. Por eso no puede hacer regresión. En el artículo sexto y en el séptimo se consagran garantías individuales fundamentales, como la garantía de audiencia, el derecho a la información, el derecho de imprenta, poder expresar y decir lo que se quiera sin ninguna consecuencia o represión”.
Mencionó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que se encuentra establecido que las libertades de expresión y de pensamiento no pueden estar sujeta a censura ni tampoco a revisión por parte de la autoridad.
Apenas el 14 de febrero pasado hubo una intentona de miembros de Morena por incrementar las multas de la Ley Sobre Delitos de Imprenta por ataques a la moral e injurias contra funcionarios. Entonces la diputada morenista Bennelly Jocabeth Hernández la presentó en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por la mayoría oficialista.
A ello se refirió Monreal en su discurso: “En la Cámara de Diputados, nuestra colegisladora, se presentó una iniciativa que se aprobó en las comisiones dictaminadoras de manera impronta que era contraria a lo que ahora nosotros estamos legislando, en donde se restablecían y agravaban sanciones por injurias al presidente de la República. Obviamente es inadmisible cualquier regresión a los derechos fundamentales del hombre y de la mujer”.
Agregó que “frente a cualquier intento de agravar o de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, nosotros lo que estamos haciendo esta mañana es abrogar esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución”.
Por su parte, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, comentó que esta determinación tiene el propósito de que “la palabra surja libre”, por lo que garantiza los derechos de libertad de expresión y a la información pública.
En su turno, el panista José Alfredo Botello Montes dijo que la derogación contribuye al avance de la libertad de prensa porque al emitir una opinión los ciudadanos lo pueden hacer sin la amenaza de ser sancionados.
