A casi tres años de distancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones a los derechos humanos de 89 personas durante dos marchas de protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un comunicado, el organismo expone que se acreditó el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias en las acciones policiales desplegadas en las manifestaciones efectuadas el 20 de noviembre de 2014, la primera de ellas por la mañana en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la segunda, por la noche en la Plaza de la Constitución.
Detalló que en el primer evento, realizado entre las 08:00 a las 16:50 horas, se detuvo a 16 personas, mientras que en el segundo, documentado de las 17:00 a las 23:30 horas, el saldo fue de 11 personas detenidas y 78 lesionadas. En ambos, subraya la CNDH, se utilizaron métodos de disuasión que pusieron en riesgo la integridad de los participantes como tácticas agresivas de sometimiento y uso inapropiado de gases lacrimógenos.
Subraya que en los 11 casos de detención arbitraria a los que el organismo dio seguimiento, a los imputados se les acreditaron conductas que nunca fueron demostradas, por lo que un juez de distrito los dejó en libertad por falta de pruebas para vincularlas a proceso. Asimismo, indica, se acreditó la presencia de personas “infiltradas” en los grupos de manifestantes.
“Llama la atención que en los hechos participó un grupo de personas que ejerció violencia hacia los policías, cuyos integrantes se cubrían la cara con paliacates, quienes no fueron asegurados, a pesar de que los protocolos de la PF y Seguridad Pública de la CDMX señalan la obligación de identificar a personas con actitud agresiva como medida de prevención; sin embargo, se afectó a los demás manifestantes”, se lee en el boletín.
El organismo aclara que no se opone a las acciones de la autoridad para garantizar la seguridad pública ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los policías deben repeler una agresión real hacia ellos o hacia otras personas, pero éste debe hacerse bajo los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad para alcanzar un fin legítimo.
La recomendación fue dirigida a la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad de México, entes a los que en el ámbito de sus respectivas competencias, se les solicita reparar los daños a las víctimas y sancionar a los responsables de las violaciones a sus garantías fundamentales.
arg
