Persiste la impunidad por violaciones graves a derechos humanos, por casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, concluye la organización Amnistía Internacional (AI).
La organización presentó este martes su informe 2015/16, en el cual expone las observaciones que realizó durante el año pasado en materia de violaciones en derechos humanos así como la gestión de las autoridades para resolverlas.
El oficio señala que la tortura y los malos tratos por parte de los agentes encargados de la procuración de justicia siguen siendo generalizados en nuestro país, y “apenas se avanzó en su erradicación”.
“Las autoridades negaban la magnitud del problema, mientras persistían las denuncias de tortura tanto en el ámbito federal como estatal. El gobierno no pudo proporcionar información en relación con cargos presentados o condenas impuestas en el ámbito federal”, denuncia AI.
Agregó que “en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de mil 600 peticiones pendientes de tramitación”.
Respecto a las desapariciones, AI informó que al finalizar el año pasado había 27 mil 638 personas desaparecidas (20 mil 203 hombres y siete mil 435 hombres), según cifras oficiales, sin que el gobierno federal especificara cuántas de ellas entraban en la categoría de la desaparición forzada (perpetrada por alguna autoridad).
“Varios grupos de víctimas y familiares, junto con organizaciones de derechos humanos, abrieron un debate nacional y presentaron una serie de propuestas para su inclusión en la Ley General sobre Desapariciones Forzadas. El 10 de diciembre, el presidente Peña Nieto envió al Congreso un proyecto de ley que no cumplía con las normas internacionales”.
Nuevamente, en el reporte se hace mención de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, resaltando que a pesar de las más de 100 detenciones de policías y funcionarios municipales, nadie tiene cargos por desaparición forzada.
Con relación a las ejecuciones extrajudiciales, el organismo resaltó los casos de Tlatlaya y Tanhuato, en donde diferentes organismos (como la CNDH, comisiones del Congreso y hasta la propia PGR) han señalado que hay fuertes indicios de que las fuerzas militares abatieron a presuntos criminales cuando ya no había peligro alguno.
Sobre los ataques a la libertad de expresión, “los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo víctimas de amenazas, hostigamiento, agresiones y asesinatos”, toda vez que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “carecía de recursos y coordinación”.
Asimismo, recordó los asesinatos del fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa, y la activista Nadie Vera (un crimen aún no esclarecido), y la liberación del periodista maya, Pedro Canché, quien en junio fue liberado tras comprobar que no había pruebas que sustentaran el delito de sabotaje que le fue imputado.
mahy
