Entre 2015 y 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó contratos por mil 778. 8 millones de pesos para la construcción de la barda perimetral y la ejecución de obras pluviales en lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, proyecto que fue cancelado por la presente administración federal.
De acuerdo el reporte de El Universal, por medio de convenios con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Sedena adjudicó dichos contratos sin licitación a 45 empresas fantasma para que les proveyera de bienes e insumos.
La Sedena justificó su decisión con el argumento de que que si optaba por emitir un concurso público, no le sería posible obtener los bienes o servicios en los plazos que se habían establecido para la construcción de la obra. También adujo que al tratarse de adquisiciones con fines exclusivamente militares, su contratación mediante licitación pondría en riesgo la seguridad nacional.
De los 284 contratos otorgados por la Sedena, 117 de ellos se dieron a 45 empresas que presentan diversas irregularidades, por ejemplo, que aparecen como dueños prestanombres que en realidad trabajan como veladores, estilistas y otras actividades que no tienen nada que ver con el proyecto, o bien, personas que son beneficiarias de programas sociales del gobierno.
A manera de ejemplo, El Universal destacó el caso de la firma Aradam Construcciones, de la cual aparece como accionista Efrén Sánchez Garibay, un policía de Chiapas con un salario mensual de 6 mil 712 pesos y que según su declaración patrimonial, no posee propiedades.
Asimismo, reportó que por lo menos ocho de las empresas que fueron beneficiadas con estos contratos están fichadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por tener adeudos fiscales, por dar domicilios falsos y por simular operaciones comerciales. Tal es el caso de Soluciones Empresariales Santori, que con apenas seis meses de haberse fundado, recibió en febrero de 2017 cinco contratos por un monto de 45.2 millones de pesos.
De igual manera, en la revisión de la documentación notarial de las empresas beneficiarias, varias de ellas tienen en común accionistas, administradores, fechas de constitución, domicilio fiscal y teléfono.
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