Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, afirmó que la orden para desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa fue dada por José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala (quien está detenido, pero no por ete caso), y líderes de Guerreros Unidos. Entre los participantes de aquel operativo criminal, vinculados con el grupo criminal señaló a elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
En la conferencia de prensa presidencial de este viernes, Enconas volvió a presentar el informe de la Comisión de la Verdad, del que dijo tiene también un “contenido político” ya que se trata de esclarecer un crimen de Estado, lo que “es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos”. Y destacó el carácter científico y técnico del documento.
Para buscar distinguir al informe actual de la “verdad histórica”, Encinas refirió que es falso que los estudiantes hayan acudido a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en el municipio, sino que su misión era “tomar camiones”, como lo demuestra que aquel acto ya había terminado cuando empezó la persecución policiaca.
También insistió en que los estudiantes no estuvieron juntos en ningún momento, sino que hubo un operativo que los dispersó en varios lugares cercanos a Iguala. Y añadió que “sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado, municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”. Pero también destacó que los vínculos de Guerreros Unidos no sólo fueron con policías municipales, sino con autoridades y población civil, además de “algunos elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala”.
Aclaró que después de que los normalistas salieron de la terminal camionera de Iguala fueron dispersados tras la intervención de diversas policías municipales, con lo que “se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron todos trasladados al basurero de Cocula”.
La orden de desaparecer a los jóvenes, expuso Encinas, fue dada alrededor de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014 por “A1 (presuntamente José Luis Abarca), los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”.
Más bien, dijo que fueron llevados a distintos puntos: el río Balsas, el pozo de Pueblo Viejo y una mina hacia Taxco. Además, 10 estudiantes fueron “cocinados”, mientras que otros seis fueron retenidos con vida varios días y que fueron entregados a un coronel, quien se encargó de ellos.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación enfatizó en que las autoridades monitorearon las acciones de los normalistas y que estaban al tanto de lo que ocurría, con lo que se acreditan “no solamente responsabilidades por la acción u omisión o negligencia, sino el involucramiento de autoridades, de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas”. Y remató: “Las omisiones de la autoridad, sin lugar a dudas, permitieron esta desaparición”.
En ese sentido, insistió en que a la falta del soldado infiltrado entre los estudiantes, Julio César López Patolzin, la Secretaría de la Defensa Nacional no activó el protocolo de búsqueda, lo que habría evitado las desapariciones.
En un punto muy importante, Encinas refirió que el día de los hechos un autobús EcoTer, sin pasaje, fue conducido hacia Morelos sin ser detenido en los retenes colocados por policías y los Guerreros Unidos, transporte en el que se presume había droga.
En lo referente al contexto, Encinas retomó el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio de 2013, por el que protestaron normalistas de Ayotzinapa hasta tomar la presidencia municipal. Eso les valió las amenazas de Guerreros Unidos y del alcalde José Luis Abarca (quien está preso por ese crimen y no por la desaparición de los estudiantes) para que no regresaran o se atendrían a las consecuencias.
Y recordó otros dos elementos: la disputa existente entre los Rojos y Guerreros Unidos por el trasiego de narcóticos y que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México había determinado que Ayotzinapa fuera el punto de reunión de las escuelas normales para partir de allí a la manifestación por el 2 de octubre.
Diferenció en la forma de obtener los testimonios: “La verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.
Encinas finalizó su exposición con el señalamiento de que lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”.
