El costo de la política y las elecciones se divide en sistemas de financiamiento a los partidos políticos que puede ser público, privado o mixto en los diferentes países del mundo; de acuerdo con historia y culturas propias, en cada región predomina una u otra de dichas alternativas.
En numerosos estudios comparativos se hace notar que cada sistema tiene sus peculiaridades y afronta dilemas distintos; son famosos los casos de financiamiento privado en que se sufrieron grados diversos de predominio de poderes fácticos en la política, como los casos Collor en Brasil y Berlusconi en Italia.
En el otro sistema, los riesgos tienen que ver con el alejamiento de partidos respecto a la sociedad, disminución de su capacidad para representar intereses ciudadanos y garantizar condiciones necesarias de transparencia y equidad de los procesos democráticos.
La mayoría de las democracias anglosajonas han adoptado un esquema regulatorio de financiamiento privado, con regulaciones públicas como límites y prohibiciones estrictas a recursos de donantes anónimos, extranjeros y/o corporativos; y han legislado sobre la obligación de partidos y candidatos de presentar reportes sobre ingresos y egresos.
En cambio, la mayoría de los países de Europa Occidental han puesto énfasis en los subsidios públicos a los partidos y en reglas menos estrictas respecto del financiamiento privado. Los países del centro y del este europeo han aprobado gradualmente esquemas de financiamiento mixtos (público y privado), con el objeto de disminuir la corrupción.
En Asia y en África existe un número importante de países que carecen de algún sistema de regulación a las finanzas de partidos políticos y campañas, y en la mayoría no existe siquiera el financiamiento público.
En América Latina como parte de la ola democrática de finales del siglo pasado, se ha puesto énfasis en esquemas regulatorios de financiamiento político de partidos y elecciones.
En un esfuerzo por evitar corrupción e ingreso de dinero ilegal en las contiendas electorales, la mayor parte de esos países han aprobado sistemas de financiamiento mixto, límites a los montos para acceder al financiamiento público y barreras legales al origen y monto de recursos privados.
En términos generales, la legislación de países en América Latina comparte las siguientes tendencias generales:
a) En la mayoría de los países el financiamiento público incluye subsidios directos, ya sea en forma de dinero o de bonos, e indirectos, tales como servicios y exenciones fiscales.
b) Los fondos públicos se destinan para tres actividades: actividades cotidianas, campañas electorales o una combinación de las dos anteriores.
Asimismo, prevalecen 4 métodos para distribuir recursos públicos a los partidos: a) en cantidades iguales, y b) proporcionalmente a resultados electorales, c) a los resultados electorales y la representación parlamentaria, y d) proporcional y equitativa al número de votos. El método más común es el segundo.
En la mayoría de los países latinoamericanos (13 de 18) los partidos políticos cuentan con acceso gratuito a medios de comunicación públicos y/o privados o ambos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay).
(Con información de “Dinero y política en América Latina”, de Daniel Zovatto; IDEA, Funding of Political Parties and Election Campaigns; y reportes del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados)
aml
