La directora de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, consideró que el Estado mexicano ha sido indolente frente a los crímenes cometidos contra mujeres periodistas y defensores de derechos humanos.
En entrevista concedida a la agencia Efe, Olivares Ferreto señaló la profundización de la crisis de los derechos humanos en México debido al aumento de casos de personas desaparecidas, de activistas asesinados y de víctimas de feminicidio.
En conversación con Olivares Ferreto mientras Amnistía Internacional México acompañaba a activistas en el acto de defensa de la llamada “Glorieta de las Mujeres que Luchan” (espacio del que fue retirada la estatua de Cristóbal Colón) en Paseo de la Reforma, la dirigente fue contundente en señalar al Estado mexicano como “indolente”.
“El Estado mexicano ha sido un Estado indolente frente a estas violaciones a derechos humanos y frente a las personas que se tienen que convertir en defensoras de derechos humanos y que solamente están exigiendo lo que es deber del Estado: darles verdad, darles justicia y darles reparación integral del daño”, afirmó Olivares Ferreto.
Por otro lado, Amnistía Internacional México también dio a conocer los resultados del VIII Seminario de la Sociedad Civil en materia de Derechos Humanos, realizado el 1 de julio, antes del X Diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea y México.
En este encuentro “las organizaciones mexicanas destacaron la impunidad como eje transversal a la crisis de derechos humanos, así como la criminalización y represión de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colectivas feministas, la militarización, el aumento de las desapariciones de personas y la crisis forense, mientras que las organizaciones europeas subrayaron la nueva normativa europea de debida diligencia y sus preocupaciones en torno a la ratificación del Acuerdo Global UE-México”, se indicó en el comunicado respectivo.
Pero también las organizaciones reconocieron que tanto la Unión Europea como las autoridades mexicanas reconocieron la importancia de la labor de los activistas, grupo y periodistas como factores clave para el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho.
Del encuentro de organizaciones de la sociedad civil surgieron recomendaciones para el Estado mexicano, como el diseño de una política pública para el cumplimiento de acciones urgentes, elaboración de los lineamientos para acatar las medidas que organismos internacionales han señalado al Estado mexicano, la creación de mecanismos de justicia transicional, fortalecer la independencia de fiscalías y peritos investigadores de violaciones contra los derechos humanos, así como la consolidación del sistema penal acusatorio y la operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
También las organizaciones se pronunciaron por el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, “que camine hacia una política pública de protección integral (prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral con perspectiva de género y enfoque diferencial)”.
