El Estado mexicano reconoció que no pudo garantizar la integridad del periodista Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005 en Sonora. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), ofreció una disculpa a la familia del reportero y mencionó que hay una impunidad de 93 por ciento en asesinatos de trabajadores de prensa.

En 2019 el actual gobierno ya había ofrecido, a nombre del Estado mexicano, una disculpa pública a Lydia Cacho Ribeiro por detención arbitraria y se había comprometido a proteger a los periodistas. Hoy, la autora de Los demonios del edén  tiene que vivir fuera del país y hasta recibió la nacionalidad española por motivos de seguridad.

El miércoles 8, en una ceremonia en Empalme, Sonora, en la que estuvieron presentes los padres del periodista desaparecido, Esperanza Mota y José Alfredo Jiménez Hernández, Encinas Rodríguez, a nombre del Estado mexicano, reconoció la responsabilidad de este al no garantizar la seguridad del reportero, además de que enunció compromisos para proteger a los profesionales de la prensa y defensores de derechos humanos, así como para combatir la impunidad.

“Vengo en representación del Estado mexicano a reconocer la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Y vengo a ofrecer una disculpa pública porque el Estado mexicano no pudo garantizar y proteger la integridad de Alfredo, quien, desde el ejercicio de su profesión como periodista, contribuyó al fortalecimiento del periodismo, de la libertad de expresión y de las libertades en Sonora y en nuestro país”, dijo el funcionario federal en el acto.

Añadió: “Vengo a ofrecer esta disculpa con total convicción y sin condición alguna. Refrendo el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos fundamentales a su seguridad, a su integridad, al ejercicio de su profesión, a sus derechos uy libertades.

“Ofrezco una disculpa sincera a su familia, a las familias de otros periodistas y defensores de derechos humanos que, desafortunadamente, han vivido una historia similar a la de Alfredo Jiménez Mota”.

Además aportó datos dramáticos sobre homicidios de trabajadores de medios durante el actual gobierno: entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021 las autoridades han registrado 49 asesinatos de periodistas en el país, de los que sólo el 7 por ciento han sido esclarecidos y castigados los culpables. Así, dijo Encinas Rodríguez, “la impunidad no ha sido la excepción en el caso de Alfredo”.

Así, el subsecretario afirmó que el acto, al que también acudieron Roberto Rock en representación de la Sociedad Interamericana de Prensa, y Luis Alberto Ealy, director de El Imparcial, medio donde laboraba Jiménez Mota, es un compromiso para fortalecer las medidas de garantía de no repetición para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en todo el país.

Afirmó que se instrumentarán medidas contempladas en el derecho internacional para la reparación a víctimas de violaciones graves a sus derechos, además de reafirmar la apertura al escrutinio de organismos internacionales como el Comité para la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

Encinas Rodríguez también aseguró que el compromiso no sólo es encontrar a las personas desaparecidas sino “revertir y sancionar estos actos de violencia, que estos indignantes hechos tengan consecuencias efectivas contra quienes los cometen”.

Jiménez Mota tenía 25 años de edad cuando ocurrió su desaparición. Era reportero del periódico El Imparcial, para el que cubría temas como el narcotráfico y el crimen organizado. También había colaborado en otros diarios, como El Sol de Culiacán, El Debate y Noroeste, además de la revista Cambio 21. Obtuvo el premio Estatal de Periodismo torogado por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La disculpa anterior

La presentada a la familia de Jiménez Mota no es la primera disculpa que el Estado mexicano presenta a periodistas durante el actual gobierno. El 10 de enero de 2019 la Segob, mediante su entonces titular Olga Sánchez Cordero, ofreció una a Lydia Cacho Ribeiro.

En cumplimiento a la resolución emitida en julio de 2018 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Cacho Ribeiro por la detención arbitraria que sufrió por parte de autoridades.

En aquella ocasión Sánchez Cordero dijo que México era el país con más periodistas asesinados, por lo que el acto de desagravio para Cacho Ribeiro “representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedique a informar”.

En aquella ocasión Encinas Rodríguez afirmó que el país ha cambiado y que “el gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país, para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de este país, el ejercicio libre de sus derechos”.

Sin embargo, por los riesgos que le implica estar en México pese a las promesas de las autoridades de la Segob, Cacho Ribeiro tuvo que irse del país ese mismo año.

Apenas unos meses después de la disculpa y de los compromisos de seguridad no sólo a Cacho Ribeiro sino a los periodistas en general, la periodista debió salir del país. En julio, después de que su casa fuera allanada, robado material periodístico y sacrificadas dos perras de su propiedad, la periodista tuvo que dejar el país.

Incluso en diciembre de 2019 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevaría a cabo un homenaje a la periodista, pero fue pospuesto “debido a las amenazas que pesan en su contra y a las insuficientes condiciones de seguridad para preservar su integridad en el país”, explicaron los organizadores.

Apenas el pasado 16 de noviembre el Consejo de Ministros de España, a propuesta de Pilar Llop, ministra de Justicia, concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a Cacho Ribeiro. Las autoridades de aquel país expresaron sobre la periodista mexicana: “Su situación personal es vulnerable, pues ha sido víctima de torturas, ha sufrido más de seis atentados y está amenazada de muerte. Por el riesgo evidente para su vida, se encuentra residiendo en Madrid con una autorización temporal”.

Con ese antecedente, con una impunidad de 93 por ciento en los casos de asesinato de trabajadores de prensa, el pasado miércoles el actual gobierno, a nombre del Estado mexicano, volvió a ofrecer disculpas y a hacer promesas de acciones para garantizar la integridad de los periodistas en el país.