Los ponentes del primer foro sobre la Ley de Telecomunicaciones advirtieron que uno de los principales riesgos del proyecto en discusión, es la excesiva concentración de poder en un ente dependiente del Ejecutivo, en este caso la denominada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo cual podría derivar en una sobre regulación del sector, además de decisiones discrecionales que atenten contra los derechos fundamentales de las audiencias.
En su participación, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), consideró que concentrar tantas atribuciones en la ATDT representa un retroceso porque no se garantizan en modo alguno los principios de independencia, transparencia y pluralidad que deben regir en la regulación de las telecomunicaciones en México.
Expuso las advertencias que previamente, estableció en un comunicado de prensa, por ejemplo que la ATDT carece de la autonomía y capacidad para tomar decisiones técnicas especializadas; tampoco cuenta con órganos consultivos e independientes que puedan representar un contrapeso a las decisiones que el nuevo organismo pueda tomar. En este mismo tenor, subraya que la creación de la ATDT como órgano rector de las comunicaciones en el país, es violatoria del T-MEC.
Por su parte, el dirigente de la Cámara Nacional de Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Jorge Antonio García Herrera, coincidió en que con las facultades prácticamente ilimitadas que se le dan a la ATDT en la reforma enviada por el Ejecutivo, hay un riesgo de que se tomen decisiones arbitrarias y violatorias de la Constitución. Sugirió que se retomen los mecanismos autónomos de regulación que se tenían con el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
A su vez, Javier Juárez Mojica, quien presidiera el IFT en su última etapa, defendió el trabajo que este organismo realizó a lo largo de once años, por ejemplo, la reducción de las tarifas de telefonía fija y celular, gracias al fortalecimiento de la competencia y la regulación de los agentes preponderantes. De igual manera, aprovechó la ocasión para demandar que se paguen las liquidaciones de los trabajadores del IFT conforme a derecho.
El senador morenista Javier Corral, se limitó a escuchar las ponencias para sólo decir al final de las mismas, que se prevé que al concluir los foros se elabore una “reservototota” para que se le puedan realizar cambios al proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara alta. Defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum a la que calificó como una mujer comprometida con las libertades, por lo que negó que el proyecto en discusión busque la censura.
En otra de las exposiciones, la excomisionada del IFT, Adriana Labardini, alertó sobre otro tipo de riesgos en este proyecto: que el crimen organizado pueda hacerse de concesiones, al no existir instrumentos legales para impedir que grupos vinculados a bandas delincuenciales puedan solicitarlas y utilizar mecanismos de presión para obtenerlas.
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