El extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz entre 2012 y 2014, Antonio Tarek Abdalá, reconoció que al menos 315 millones de pesos del presupuesto estatal fueron desviados para “otras prioridades” del mandatario con licencia y prófugo de la justicia, Javier Duarte.
Apenas este viernes, la Contraloría General del estado informó que Tarek Abdalá está inhabilitado por 10 años para ejercer algún cargo público estatal (la pena máxima), tras comprobarse que actúo de forma negligente cuando fue tesorero de Duarte de Ochoa.
De acuerdo con el expediente que abrió la Contraloría, y al cual tuvo acceso Animal Político, las autoridades calificaron la actuación del hoy diputado federal como “grave”, al tiempo que fue “omiso” en el cumplimiento de sus obligaciones.
La indagatoria derivó de una de las 54 denuncias penales que entabló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la adminsitración duartista, específicamente por la desaparición del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), partida del gobierno federal entregada a Duarte en 2013 y cuyo valor ascendía a 315 millones 627 mil 148 pesos.
En un escrito de defensa con fecha del 11 de febrero, Tarek Abdalá niega haber incurrido en algún delito pero reconoció que los recursos del FASSA fueron destinados para otras tareas respondiendo a “políticas públicas establecidas por el gobierno del estado”.
“Mi actuar atendió a la observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el gobierno del estado en materia de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones del estado”, se lee en el oficio.
Según el exfuncionario estatal, algunas de estas “prioridades” eran “pagos de salarios a maestros, policías y en general a todos los empleados del gobierno estatal”, así como para implementar más medidas de seguridad.
“La prioridad de canalizar fondos para cubrir la creciente demanda social en materia de seguridad pública. Todo ello necesidades prioritarias de la administración pública, logrando así satisfacer las actividades sustantivas y mantener el equilibrio dinámico de la gobernabilidad y la viabilidad a las finanzas públicas estatales”, indicó.
Debido a su cargo como diputado federal, no puede ser imputado de ningún delito si el Congreso de la Unión no realiza un proceso de desafuero.
mahy
