La Fiscalía General de la República dio carpetazo a la investigación en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, quien fue denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF).
En la querella, interpuesta en febrero de 2020, se expuso que entre 2013 y 2019, Vargas Valdez realizó varias operaciones bancarias por un monto de 36.5 millones de pesos que incluyen la adquisición de algunos inmuebles y gastos de tarjeta de crédito.
De acuerdo con la información recabada por Reforma, la UIF detalló que con su tarjeta American Express hizo operaciones por 29.7 millones de pesos, cuando sus ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron de 16.7 millones de pesos en el periodo de referencia.
Cuando se dio a conocer la denuncia, el magistrado presidente de TEPJF adujo que los bienes que le atribuyen, le pertenecen a su esposa Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como ejecutiva en la empresa refresquera PepsiCo. También aseguró que hubo una “confusión” respecto a su evolución patrimonial de 2012 a 2016, cuando no desempeñó un cargo público, con sus ingresos desde noviembre de 2016, cuando fue designado magistrado del Tribunal Electoral.
Desde noviembre pasado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR adujo que la UIF no había aportado suficientes elementos de prueba para acreditar la responsabilidad de Vargas Valdez. El pasado 15 de julio, 16 meses después de iniciada la indagatoria decidió cerrarla argumentando falta de evidencias.
Tras conocer la decisión de la FGR, la UIF anunció que presentará un recurso de inconformidad ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, toda vez que la sentencia únicamente se centró en la denuncia por enriquecimiento ilícito y no por otros cargos que se incluían en la denuncia.
También dio a conocer que formuló una nueva querella en contra de seis personas físicas y dos empresas vinculadas a Vargas Valdez, las cuales operan instrumentos financieros y corporativos, mediante los cuales se realizaron depósitos a cuentas bancarias de un familiar del magistrado, los cuales no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.
La UIF expuso que tuvo conocimiento de algunas transferencias hechas hacia el extranjero, así como de la constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, pues solo recibieron recursos de presuntas empresas fantasma y luego dejaron de funcionar.
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