La Fiscalía General de la República iniciará acciones legales en contra del ex procurador Jesús Murillo Karam por el incumplimiento de su responsabilidad en la investigación del caso Ayotzinapa, toda vez que por fallas en la misma, al momento han sido liberados 24 inculpados, algunos de ellos confesos; además, buscará fincar responsabilidades a dichas personas, a pesar de que hayan sido liberados por un juez, informó Alejandro Encinas.
En respuesta, Murillo Karam dijo este lunes, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que “a mí me pueden investigar todo lo que quieran, estoy completamente a disposición. Nadie me ha contactado. Al inicio de la administración tuve una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pero porque yo lo solicité”.
“Me da muchísimo gusto que vayan a investigar el expediente de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tiene todos los elementos que hicieron que actuaran como lo hicimos”, agregó.
En conferencia de prensa realizada el domingo, Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación refrendó lo informado el sábado por la FGR, en el sentido de que dicha dependencia “presentará recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro”.
Murillo Karam fue titular de la antes Procuraduría General de la República, ahora FGR, y en cierto momento dictaminó que las conclusiones a las que llegó dicha dependencia eran la “verdad histórica” del caso. Tomás Zerón fue titular de la Agencia de Investigación Criminal y José Aarón Pérez Carro encabezaba la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa.
Encinas señaló que tras la liberación de 24 responsables (que se suman a 53 liberaciones dictadas anteriormente), capturados en el sexenio pasado, se busca dar justicia a las víctimas. Y dijo que con tales resoluciones, el Poder Judicial falta a la justicia. Agregó que siguen la vieja tradición de dar “el sabadazo”, es decir, tomar decisiones de este calibre en sábado y días de puente, para no llamar tanto la atención.
“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla, porque estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, demuestran la podredumbre del sistema de impartición de justicia del país, que huele a podrido”.
Según el funcionario, la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa colaborará con la FGR para lograr que Murillo Karam, Zerón y Pérez Carro enfrenten procesos legales por faltar a sus responsabilidades, toda vez que sus procedimientos mal hecho dieron pie a la actual liberación de los culpables.
Según el ex procurador, de su parte está dispuesto a que se castiguen las violaciones al procedimiento. “Dicen que van a revisar el expediente, pues yo estoy muy contento, si hubo violaciones al procedimiento que se castiguen, no conozco de las violaciones que se señalan… yo ordené que se hiciera de inmediato la investigación”.
Por considerar que las pruebas son “insuficientes”, el juez Ventura Ramos ya ha exonerado a 77 personas, recordó Encinas con lo cual ya solo quedan recluidas 65 de las 142 que fueron detenidas tras la desaparición y asesinato de los 43 normalistas, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Encinas refirió que entre los responsables se encuentran elementos de grupos criminales como los Guerreros Unidos y los Bélicos, así como policías municipales coludidos con el crimen organizado.
Recordó al Poder Judicial de la Federación que, según jurisprudencia existente, las declaraciones emitidas mediante tortura o con presunción de tortura no implican liberación del inculpado, sino la obligación de reponer el procedimiento y la investigación”.
“Esta resolución sienta un grave precedente otorgando beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general”.
