Para poder acceder a uno de los créditos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará a microempresas afectadas por la emergencia sanitaria del Covid-19, es requisito figurar en el Censo del Bienestar, elaborado desde el periodo de transición por los llamados “Servidores de la Nación” para ubicar a los beneficiarios de los diferentes programas sociales de esta administración y el cual ha sido cuestionado porque aún no ha sido transparentada su metodología.
De conformidad con los lineamientos para la entrega de estos créditos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el primer criterio de elegibilidad es ser parte del censo y solo si existe disponibilidad presupuestaria, se atenderá a propietarios de microempresas que no se encuentren en esta base de datos.
Lo anterior fue confirmado por Gabriel García Hernández, coordinador General de Programas para el Desarrollo, durante la conferencia de prensa que se ofreció en Palacio Nacional para la presentación de este programa de créditos, principal medida que el gobierno de López Obrador tomará para apoyar a negocios familiares que han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia de la pandemia de coronavirus y que incluye giros como papelerías, estéticas, fondas, entre otros.
El funcionario señaló que el Censo del Bienestar será la base para ubicar a quienes puedan requerir estos créditos y también reconoció que el número de solicitantes es mayor al millón de ellos que se entregarán, sin embargo, aseguró que la asignación se hará de forma transparente pues, según dijo, desde que se levantó el censo se tienen “focalizadas” a las personas que pueden tener mayor necesidad de estos beneficios.
De acuerdo con un reportaje de Animal Político, expertos han cuestionado esta forma de asignar los créditos por considerar que puede prestarse a la exclusión y al uso político-clientelar de este programa. En entrevista con dicho medio digital, el académico Máximo Jaramillo, especialista en desigualdad y política social, consideró que pueden existir muchos dueños de negocios familiares que no necesariamente tienen que ser beneficiarios de algún de los programas sociales por no entrar en alguno de los grupos que los reciben y por lo tanto no están en el padrón. Dejarlos fuera, explicó, es discriminatorio y atenta contra sus derechos.
Asimismo advirtió que la falta de transparencia sobre la metodología con que se realizó el Censo del Bienestar, impide que éste tenga una adecuada vigilancia y seguimiento sobre su uso, lo cual se puede prestar a sesgos clientelares y políticos como ha ocurrido con programas sociales de otras administraciones.
“El problema cuando no es transparente es que no tenemos un instrumento lo suficientemente robusto en términos metodológicos y la principal sospecha es que los programas sociales estén aplicándose de una manera clientelar, que responda a ciertas variables no técnicas para buscar a los que más necesitan los programas. En el mejor de los casos, variables que no tengan ningún sentido, y en el peor de los casos, seguir un corte electoral”, expuso.
En una solicitud de información dirigida a la Secretaría del Bienestar sobre la metodología del censo, la dependencia remitió al peticionario a la Presidencia de la República, ya que de ésta depende la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, pero la Presidencia declaró incompetente y regresó la petición a Bienestar con el argumento de que el asunto es de su competencia, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Consultado al respecto por Animal Político, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, señaló que a la Ley General de Transparencia estipula que toda gestión pública y el destino de los recursos destinados a programas sociales deber ser información pública. Recordó que la presente administración ha prometido que los recursos públicos debidamente asignados, sin fines de clientelares ni político-electorales.
Informó que buscará contacto con la Secretaría del Bienestar para establecer mesas de trabajo con el objetivo de transparentar, tanto la metodología del censo como la asignación de los microcréditos para negocios familiares afectados a causa de la pandemia de coronavirus.
Lo anterior, explicó, significa saber el nombre de los beneficiarios de cada programa, pero salvaguardando sus datos personales de identificación, como dirección precisa o teléfono. Asimismo se debe informar sobre los beneficiarios de los microcréditos, bajo el mismo criterio.
“Debemos intentar nuevos acercamientos para decirles que es necesario que la gente pueda identificar con mayor claridad estos programas para que los que estén en condiciones de acceder a ellos, se puedan inscribir, y también para que todos los mexicanos tengamos conocimiento de cómo se están canalizando estos recursos y el cuidado de los datos personales”, concluyó.
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