La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) continúa obstaculizando la investigación sobre el caso de Pío López Obrador: ahora se niega a llamar a comparecer al presidente de la República, a menos que este quiera hacerlo.
Como se recuerda, la defensa de Pío ha solicitado que Andrés Manuel López Obrador se presente a declarar sobre el caso de los recursos que su hermano recibió de David León Romero y que no fueron reportados a las autoridades.
Sin embargo, este jueves se dio a conocer que la FEDE insiste en obstaculizar la investigación del asunto: ahora arguye que la ley impide la comparecencia del titular del Poder Ejecutivo, lo que sólo se podría hacer en caso de que él desee hacerlo.
En una notificación hecha por Héctor Sánchez Zaldívar (de la célula B-II-1 de la FEDE y quien apenas en julio pasado había propuesto cerrar el caso) dice que por lo establecido por el artículo 90 del Código Nacional de Procedimiento Penales (CNPP), no es procedente “citar al Presidente de la República ante este órgano ministerial a efecto de que comparezca a rendir su declaración, ya que en ese dispositivo jurídico se establece de manera expresa la excepción de comparecencia del titular del Ejecutivo Federal”.
Así, la única forma en que el presidente pueda acudir a declarar sobre el asunto es que él renuncie a su derecho a no comparecer y hacerlo de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 365 del CNPP.
Sin embargo, el abogado del hermano del presidente, Pablo Hernández Romo, quien el jueves pasado había solicitado la comparecencia de Andrés Manuel, respondió a la FEDE que ya hay mecanismos tecnológicos que permiten que se pueda realizar sin que se presente en el Ministerio Público. Su argumento es que el presidente no tiene la obligación de presentarse, pero eso no lo exime de la obligación de declarar, de acuerdo con el artículo 51 del CNPP.
Al respecto, debe recordarse una frase que suele utilizar el presidente López Obrador: “El que nada debe, nada teme”. Por lo que, por un mínimo de congruencia, no debe haber de su parte ningún problema para presentarse a declarar sobre los recursos que su hermano recibió como patrocinio para sus actividades políticas y las de su partido.
El caso fue abierto en agosto de 2020 en la emisión de Latinus, programa conducido por Carlos Loret de Mola, en la que se presentaron videos y audios de Pío López Obrador mientras recibía dinero en efectivo en sobres amarillos de manos de León Romero, entonces político muy cercano a Manuel Velasco, gobernador de Chiapas y militante destacado del Partido Verde Ecologista de México. En las grabaciones se les escuchaba decir que los recursos eran para las actividades de Andrés Manuel y de Morena.
En la primera declaración del presidente López Obrador sobre los hechos no sólo no negó lo ocurrido sino que incluso afirmó que se trataba de “aportaciones”. Pero fueron recursos que no fueron reportados ni ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
El PAN y el PRD levantaron denuncias por ello en diversas instancias, por lo que iniciaron investigaciones diversas instituciones. Muy pronto la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo, declaró que no halló irregularidades, pero el caso también es investigado por el organismo electoral.
La institución que ha intentado hacer una investigación seria sobre el asunto es el INE, a través de su Unidad de Fiscalización. Sin embargo la FEDE se ha encargado de bloquear sistemáticamente su trabajo al negarle la información que el organismo electoral le ha solicitado, lo que ha logrado pese a resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para ello ha recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la ministra Yasmín Esquivel (quien fue propuesta para el cargo por Andrés Manuel López Obrador) la ha respaldado.
Incluso el propio Pío, en entrevista a Expansión Política el mes pasado, reclamó que la Fiscalía General de la República (de la que es parte la FEDE) “en este caso no ha investigado absolutamente nada”. Y añadió: “Han incumplido; ignoro las causas, pero realmente a mí sí me resulta muy sospechoso que las autoridades encargadas de esta investigación no estén haciendo su trabajo y estén cumpliendo con su responsabilidad”.
No está de más volver a recordar que el titular de la FEDE es un viejo amigo y exempleado de Andrés Manuel López Obrador, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fue secretario de Gobierno del Distrito Federal durante la gestión del tabasqueño, quien, ya como presidente electo, lo designó como uno de los redactores de la “Constitución Moral”.
