Fiscalía de Sonora descarta que ataque contra reporteros, donde murió Reynaldo López, esté ligado a su labor periodística

A poco más de 24 horas de que atacaran a balazos el vehículo donde murió el locutor Reynaldo López y resultó herido el comunicador Carlos Cota, la Fiscalía de Sonora ya descartó la línea de investigación en torno a su trabajo periodístico.

Según informó en un comunicado, la línea de investigación gira en torno a que el ataque está “relacionado con actividades ilícitas de personas cercanas a los agredidos”.

“Se desprende que no es un ataque al ejercicio de la libertad de expresión, puesto que una de las líneas de investigación apunta a que pudiera estar relacionado a actividades ilícitas de personas cercanas a uno de los agredidos”.

El pasado sábado, a las 18:42 horas, el locutor Reynaldo López fue asesinado a balazos sobre el Boulevard Francisco Reynaldo Serna, mientras viajaba con Carlos Cota.

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que los comunicadores fueron atacados por al menos, dos sujetos armados, según testigos.

Cota, de 42 años, que iba al frente del volante, logró esquivar la primera ráfaga de disparos, aunque fue herido en un segundo asalto. Su estado desde entonces se reporta como grave. Reynaldo López, sin embargo, murió instantáneamente tras recibir cuatro disparos en el pecho.

En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía analizar en todo momento la línea vinculada con la labor periodística de las víctimas, aunque ésta ya quedó descartada.

Asimismo, urgió al gobierno de Claudia Pavlovich ofrecer la atención médica y seguridad Carlos Cota, así como las medidas necesarias para salvaguardar la vida, seguridad y contención emocional para los familiares de ambas personas.

De acuerdo con la CNDH, con el homicidio de Reynaldo López son ya 144 los periodistas asesinados desde el año 2000, y el tercero ocurrido en 2019, situación que -subraya- nuevamente debe obligar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a plantear acciones de política pública para prevenir las agresiones y delitos de los que son víctimas, que alcanza el 90% de impunidad según datos de la Recomendación General 24 de la CNDH.

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