Las detenciones que efectúan las fuerzas armadas en México no son integradas en el Registro Nacional de Detenciones (RND), aunque la ley obliga a ello, por lo que el subregistro puede ser importante en el marco de una seguridad pública militarizada, advirtió la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Recientemente ese organismo publicó el informe titulado Transformación militarizada. Derechos humanos y controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México, escrito por Stephanie Brewer y Ana Lucía Verduzco, en el que se destacan las diferencias entre las cifras de detenciones reportadas directamente por las fuerzas armadas y las detenciones de ellas que son integradas en el RND, que se supone sirve para concentrar la información de las aprehensiones de manera inmediata y con ello prevenir violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, el organismo refirió que al solicitar información al respecto a las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), la primera respondió que no cuenta con ella y la segunda que no registra sus detenciones en el RND. Eso ocurre pese a que deben hacerlo en obediencia a la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
WOLA ejemplifica la situación al confrontar cifras: la Sedena le informó que en 2022 sus elementos detuvieron a 7 mil 370 personas en flagrancia, mientras que la Semar reportó mil 996. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia responsable del RND, sólo registró 2 mil 66 detenciones de las fuerzas armadas, una diferencia de 7 mil 270.
Otro ejemplo es que la Sedena reportó entre el 1 de febrero y el 22 de mayo de 2023 2 mil 993 personas detenidas, mientras que la SSPC sólo registró 427 aprehensiones por personal militar. Sobre ello, el informe considera que “si las discrepancias referidas no se deben a limitaciones en el acceso o la transmisión de la información que obra en el RND —factor que no podemos descartar—, entonces sugieren que la mayoría de las detenciones militares o no se registran en el RND, o bien son registradas de una manera que no permita saber que fueron realizadas por personal militar”.
La danza de las cifras entre instituciones mexicanas va más allá: WOLA indica que sobre la Guardia Nacional la SSPC le reportó, basada en el RND, 6 mil 40 personas detenidas, pero ese cuerpo de seguridad, en su informe anual de 2022, sólo registró 3 mil 7. A solicitud de la oficina estadounidense, la Guardia Nacional sólo informó de mil 37.
Acerca de las detenciones que han sido omitidas por el Ejército, WOLA considera que es otro ejemplo entre varios de como la Sedena ha actuado al margen de sus obligaciones legales, como ha ocurrido en los casos de espionaje con el malware Pegasus y el ocultamiento de información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sobre ello Brewer, directora de WOLA para México, afirmó que “el Estado mexicano está concentrando cada vez más poder en instituciones conocidas precisamente por su opacidad, y lo está haciendo sin controles civiles adecuados, en un proceso que será difícil de revertir. El poder sin controles es un camino de alto riesgo para los derechos humanos”.
El informe de WOLA también enfatiza que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado las funciones y facultades de las fuerzas armadas en ámbitos ajenos a los de la defensa nacional lo que será muy difícil de revertir. Al respecto, el organismo afirma que observa “con preocupación que se están concentrando poder y recursos en instituciones conocidas por su opacidad, sin controles externos robustos, en ámbitos que tradicionalmente han propiciado prácticas de corrupción”.
Lo anterior ocurre, señala WOLA, al mismo tiempo que López Obrador busca debilitar y deslegitimar a instituciones civiles clave que le hacen contrapeso. Así, el presidente mexicano ha transmitido el mensaje de que el Poder Judicial es el culpable de la impunidad en el país cuando, como señala el informe, la mayoría de los delitos no son presentados ante la autoridad judicial.
Al respecto, WOLA dijo que ese discurso “que parte de un diagnóstico distorsionado y ataca el debido proceso no abona a los esfuerzos por mejorar la calidad de las investigaciones ministeriales y la impartición de justicia”.
WOLA afirma que México experimenta un proceso de creciente militarización de tareas civiles, además de señalar una diferencia muy importante: mientras gobiernos anteriores consideraban la militarización como un proceso que permitiría fortalecer el papel de las instituciones civiles, el actual la impulsa ampliamente “a largo plazo”, la que no podrá ser desmontada fácilmente.
Por ello considera que “durante el periodo que dure el despliegue militar en tareas policiales, es fundamental que el Estado instale controles civiles eficaces sobre su actuación”.
