De acuerdo con las denuncias y testimonios de seis empleados y ex empleados del Sistema Nacional DIF, durante casi dos años la directora de este instituto, María del Rocío García Pérez ha obligado a mil empleados de nivel medio y alto a entregarle entre 2y 4% de su salario para “colaborar” con un supuesto programa denominado “Ahijado”, bajo pena de despedirlos.
Una extensa investigación realizada por el portal Animal Político señala que esta práctica comenzó en marzo de 2019 y continúa al momento. Según cálculos hechos por la periodista Nayeli Roldán, autora del reportaje, mediante la recolección de estas cantidades García Pérez suma 658 mil 400 pesos al mes y ya lo ha hecho por 24 meses.
La funcionaria presume su larga amistad de varias décadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez y de esta manera amenaza a los empleados con despedirlos si es que no cooperan con el “programa”.
Según el reportaje, al menos tres afectados ya denunciaron de manera anónima ante la Secretaría de la Función Pública. Y, a pesar de que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval tiene conocimiento de esto desde hace 9 meses, apenas el pasado 23 de abril abrió un expediente.
La periodista refiere haber tenido acceso a las denuncias presentadas y a los testimonios de algunos afectados. Asimismo, le hicieron llegar copia de una hoja impresa en donde se menciona dicho programa.
Según el relato recabado, los funcionarios afectados fueron citados en la oficina de la titular del DIF y se les ordenó entrar sin celulares. En dicha junta se les explicó que deberían entregar una cantidad fija cada mes, proveniente de su sueldo y de acuerdo a su rango salarial. La cantidad más pequeña a entregar era de 500 pesos y la más alta, 2 mil 500 pesos.
Los funcionarios obligados a ello tienen salarios que van de los 12 mil a los 100 mil pesos y las entregas tenían que hacerse en efectivo. Los titulares de cada área designaron encargados para recoger las “aportaciones”.
El tal “Programa Ahijado” es inexistente. Es decir, no es parte de los planes oficiales de la dependencia.
Los testimonios indican que la funcionaria dijo que usaría el dinero para complementar el presupuesto de la institución, pero lo cierto es que no hay rastro de su uso en nada concreto.
Además de Rocío García, fueron partícipes de esta maniobra de recolección de dinero la entonces titular de Administración y Finanzas del DIF, Lilia Aguilar Cortés (ahora jefa de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable) y el entonces director de Programación y Presupuesto, Alfredo Anguiano. Aguilar Cortés mantenía una relación de quienes ya habían pagado y quienes faltaban.
Tres denuncias fueron consultadas por la periodista en la plataforma de Ciudadanos Alertadores, de la SFP. Una de las denuncias señala que el dinero era depositado en las cuentas personales de los hijos de Rocío García.
