Al menos siete de las 22 personas citadas a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) entre 2017 y 2018 durante las investigaciones por el caso Odebrecht, siguen ocupando puestos de alto rango en Petróleos Mexicanos, aun y cuando se reconoce que los contratos entre la paraestatal y la empresa de origen brasileño se firmaron mediante adjudicaciones directas y sin licitación pública.
Luego de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Publica (INAI) ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer los nombres de funcionarios interrogados por el asunto Odebrecht, así como sus declaraciones, la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero inició el “proceso de desclasificación” de dicha información a través de su página de internet, a tan sólo unas horas de que venciera el plazo impuesto por las autoridades para hacer pública dicha información.
Entre los declarantes, siete aún tienen cargos gerenciales o directivos en Pemex, con salarios superiores a los cien mil pesos, de acuerdo con la información que se puede consultar en la página de Nómina Transparente. Se trata de André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.
Entre los 22 funcionarios y ex funcionarios que rindieron declaración ante el Ministerio Público de la Federación aparece también el nombre de ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien ahora se sabe fue el único que se negó a responder el interrogatorio de la representación social, argumentando en aquel entonces que no había hecho nada ilegal, aunque ahora se encuentra sujeto a dos procesos penales en los cuales ha solicitado la figura de “criterio de oportunidad” mediante la cual reconocería su participación en la celebración de los contratos irregulares para buscar beneficios dentro de su causa penal.
Pese que la FGR se había negado sistemáticamente a hacer pública esta información, hoy debió acatar una resolución del pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que, en dos sesiones realizadas en noviembre de 2021, resolvió que al tratarse de un tema de interés público y por considerarse un presunto hecho de corrupción, la FGR debía desclasificar esta carpeta de investigación.
De esta manera, las y los comisionados del INAI consideraron que la Fiscalía tenía la obligación de transparentar el caso Odebrecht mediante su página de internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y actualizarla cada tercer trimestre.
La publicación de los documentos referidos se llevó a cabo después de una extenuante batalla legal que duró más de 3 años en los que la aún Procuraduría Federal de la República (en tiempos de Enrique Peña Nieto) y la ahora Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero habían emprendido una estrategia de amparos y apelaciones pare evitar revelar el expediente, mismos que fueron desechados por el Poder Judicial de la Federación que respaldó al INAI en todo momento.
En la información se revela que, tras comparecer el 17 de agosto de 2017 para conocer la carpeta de investigación, Lozoya Austin negó “cualquier imputación que se presente en su contra”, y se reservó su derecho a declarar.
En la lista también figuran los nombres de otros 19 funcionarios de Petróleos Mexicanos que testificaron debido a sus posibles vínculos con cuatro contratos y subcontratos realizados con Odebrecht. Contrario a Lozoya, todos ellos sí rindieron una declaración y respondieron a las preguntas formuladas por el Ministerio Público.
Si bien la FGR publicó la lista de funcionarios y exfuncionarios de Pemex y Odebrecht citados a testificar por sus nexos con los contratos así como el contenido de dichas declaraciones en versión pública, la institución a cargo de Gertz Manero incumplió con la resolución del recurso de revisión RRA 11862/21, mediante el cual el INAI ordenó la publicación de la carpeta de investigación íntegra en su página oficial y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo que en general se advierte de las declaraciones reveladas es que hay un reconocimiento de que dichos contratos existieron, de que se firmaron con adjudicaciones directas sin licitación pública con el propósito de acelerar los procesos de contratación, pues “había interés de la administración de esa época de que se cerraran a la brevedad”.
Uno de los declarantes admitió recordar que “existía una presión de tiempo para cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto de Tula”, porque había otros contratos con Odebrecht pendientes de ejecutar.
Según el testimonio, “lo que se buscaba era llevar a cabo las contrataciones en el menor tiempo posible ya que una vez que se había obtenido las autorizaciones no había impedimento alguno para la firma”.
El pleno del INAI dio un plazo a la PGR para hacer pública también la carpeta de investigación, mismo que vence este viernes 14 de enero. No obstante, la carpeta no se encuentra dentro de la información que ha publicado la Fiscalía. Se sabe que la FGR solicitó una ampliación del término, solicitud que está siendo analizada
