Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que el traslado de 29 narcotraficantes a Estados Unidos fue un “envío” a “solicitud fundada” del gobierno de ese país, sin aclarar la figura legal, mientras que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, arguyó que jueces favorecerían a algunos de esos delincuentes liberándolos para justificar la rapidez del traslado.
Un día después de la entrega de los 29 delincuentes de cárteles mexicanos al gobierno de Estados Unidos y de la reunión del gabinete de seguridad con Marco Rubio, secretario de Estado, en Washington, los funcionarios dieron la versión oficial de lo ocurrido.
Gertz Manero dijo que no se trató de una extradición y que el traslado tiene su fundamento legal en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, que establece las condiciones por las que por razón de seguridad nacional, además de que se procedió por una “solicitud debidamente fundada” del gobierno estadounidense.
En el artículo mencionado por el fiscal se enumeran los actos que son considerados como amenazas a la seguridad nacional, pero no se menciona nada parecido a una extradición o al traslado a otro país por “solicitud fundada” de algún gobierno extranjero de alguna persona que incurra en aquellos. Pero el funcionario dijo que se hizo “sobre la base más estricta”.
Cuando Gertz Manero fue preguntado sobre, si no era extradición, qué figura legal era la del traslado de las 29 personas, no dio una respuesta concreta sino que insistió en la ley antes mencionada y citó el artículo 89 constitucional, que es sobre las facultades y obligaciones del Presidente de la República. Pero no atinó ni siquiera a decir cuál de las fracciones de ese artículo ampara la entrega de las personas a las autoridades de otro país ni mucho menos la figura por la que fue cuestionado.
Luego ya mencionó a la Convención de Palermo (en realidad, de nombre Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos), que no había citado. Después Gertz Manero contestó afirmativamente cuando un periodista le dijo que la figura por la que fueron llevadas las 29 personas fue “persona requerida”, que no está en ni en la Constitución ni en la ley ni en la convención que citó (tampoco está la de “solicitud fundada”).
(Al respecto, no está de más recordar como antecedente que el fiscal Gertz Manero inventó un delito para acusar y encarcelar a su cuñada durante casi año y medio, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió un amparo.)
Gertz Manero explicó de la siguiente forma la rapidez del envío, que no es para nada común entre las instancias de seguridad y fiscalías del país: “A partir del momento en que recibimos la notificación y la solicitud por escrito del Gobierno de los Estados Unidos, de inmediato se realizaron todas las acciones; las llevó a cabo la Secretaría de Seguridad, y lo apoyó tanto el Ejército como la Marina”.
Dijo que la decisión no fue intempestiva, pero no supo decir desde cuándo fue la solicitud, aunque insistió sobre la celeridad: “Yo creo (sic) que no habían pasado horas entre que llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad (…) se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas si estaban cumplidas y se procedió. Fue un asunto inmediato”. Así, lo que el Poder Judicial no resuelve en años, la FGR e instancias del Poder Ejecutivo (curiosamente, no la presidenta, según García Harfuch) lo despachan en unas cuantas horas.
Tanto el secretario como el fiscal coincidieron este viernes con la propaganda que desde el jueves cuentas oficialistas difundieron sobre la prisa y la “legalidad” de la entrega de los miembros de los cárteles: que supuestamente jueces estarían por liberarlos o beneficiarlos para que no fueran llevados a Estados Unidos.
Preguntado sobre la información con la que cuentan sobre los jueces que supuestamente liberarían o beneficiarían a algunas de las personas llevadas a Estados Unidos, Gertz Manero dijo que “11 años, ocho años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días”. Según él y sin mencionar cuáles casos específicos fueron esos, remató: “Son pruebas más que suficientes”. Después dijo a un periodista que prepararía una lista de casos y que se la entregaría, sin explicar por qué no la había preparado y no la presentó y entregó justamente en la conferencia de prensa.
Por su parte, García Harfuch sin mayor detalle ni precisión, prácticamente como propagandista de redes sociales, dijo que el Gabinete de Seguridad “cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.
También García Harfuch dijo que la del envío de los 29 a Estados Unidos fue una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad en la que no tuvo que ver la presidenta de la República. Si fue así, aún menos se entiende que Gertz Manero citara el artículo 89 constitucional, que, hay que insistir, establece las funciones y obligaciones del presidente de la República.
