El actual gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, está involucrado en un desfalco de más de 700 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría del Bienestar, ocurrido en el tiempo en que fue delegado estatal de dicha dependencia.
Medios locales del estado recuperaron datos provenientes de informes de la Auditoría Superior de la Federación de 2019 a 2022 que registraron faltantes de 7 mil 164 millones de pesos del presupuesto asignado a los programas sociales en todo el país.
De esa cantidad, más de 700 millones corresponden al ejercicio en Yucatán, durante el tiempo en que el ahora gobernador electo por Morena era responsable de dicho presupuesto.
En Yucatán la ASF detectó pagos irregulares a cuatro empresas vinculadas con Joaquín Díaz, conocido en el estado como “Huacho” Díaz: Comercializadora Realza, Comercializadora Razzur, Operadora de Negocios Terán y Proyectos Acabados y Prefabricados CAE.
Entre las cuatro cobraron 734 millones 261 mil 983 pesos.
Una nota del diario El Sol de Yucatán, publicada el pasado 1 de julio apunta que en la Plataforma Nacional de Transparencia y documentos de la propia Secretaría del Bienestar indican que en la delegación estatal de la dependencia en Yucatán se encuentra confirmación de contratos con las empresas mencionadas.
La empresa que se llevó la mayoría de los ingresos fue Comercializadora Realza, que obtuvo 728 millones 920 mil pesos por medio de tres contratos por compra de insumos para proyectos del programa “Sembrando Vida”, como hidrogel, material de absorción de nutrientes y otros. Se detectaron pagos a sobreprecio.
El domicilio fiscal de Realza se encuentra en una unidad habitacional donde no hay empresas ni espacio para almacenar la maquinaria para proveer los insumos que se vendieron al programa.
Mismo caso de incapacidad empresarial muestran las otras tres empresas, que son de reciente creación y tienen domicilios fiscales sospechosos. Se detectaron en conjunto más de 25 contratos con las mencionadas cuatro empresas.
Dice la nota que “las fechas del periodo en que Joaquín Díaz Mena fungió como delegado estatal de Bienestar coinciden con el desfalco reportado en los más de 800 pliegos de observaciones insolvente por parte de la ASF en las cuentas públicas 2018, 2019, 2020 y 2021”.
Este gasto millonario coincidió con las quejas de beneficiarios sobre la falta de entrega de recursos, la entrega de pensiones a beneficiarios fallecidos y a personas que mintieron sobre su edad.
