Mediante un pronunciamiento, titulares del Poder Ejecutivo de 22 entidades de la república respaldaron la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revoque las medidas sobre el Plan B determinadas por el ministro Javier Laynez Potisek.
Un día después de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentara su solicitud para que la Corte revoque tanto la admisión de la controversia constitucional contra el llamado Plan B como su suspensión, los gobernadores oficialistas le manifestaron su apoyo en nombre de “la transformación de la vida pública de México” y para que esta no sea “detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía”.
En su proclama, titulada “Ante la ilegalidad, unidad y principios”, los 21 gobernadores, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, consideran que la resolución de Laynez Potisek es “inconstitucional” en tanto la Carta Magna “establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales”.
Sin entender cabalmente la división de poderes, los gobernadores acusan que su equilibrio es violentado ya que un solo ministro “suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo”.
Por ello, expresan el Pleno de la SCJN debe revertir la que llaman “arbitraria decisión” del ministro para, con ello, “restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”.
Los Ejecutivos de las 22 entidades también expresan su respaldo al Plan B, que, según ellos, “tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE”.
Además, contra las opiniones de los especialistas y diagnósticos del propio instituto, los gobernadores dicen que el Plan B no pone en riesgo ni su funcionamiento ni los procesos electorales, y que busca “garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”.
Sobre el desplegado de los gobernadores oficialistas, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM especializado en materia electoral, aclaró: “Las controversias sí proceden en ciertas cuestiones electorales. Hay precedentes de suspensiones contra normas generales. Las suspensiones no violan la división de poderes”.
Concluyó: “Lamentable comunicado”.
