Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 94 defensores de derechos humanos y 47 periodistas, con una impunidad de 98 y 89 por ciento, respectivamente, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
En una conferencia de prensa del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, responsable de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, informó que en el actual gobierno de las 141 personas asesinadas a que hizo referencia 94 han sido activistas (67 por ciento), mientras que periodistas han sido 47 (33 por ciento).
De los periodistas asesinados, 42 fueron hombres y cinco mujeres. Por entidad federativa, en seis estados de la República se concentra el 61 por ciento de los asesinatos de periodistas: Sonora (8), Guerrero (5), Veracruz (5), Michoacán (4), Estado de México (3) y Oaxaca (3).
Acerca del estado de las investigaciones de los homicidios de periodistas, Irazoque apuntó que sólo se han dictado cinco sentencias (10.7 por ciento de los casos), por lo que hay una impunidad del 89.3 por ciento.
Para el caso de crímenes contra defensores de derechos humanos, 23 eran mujeres y 71 hombres. Resaltan los siguientes estados: Guerrero (21), Oaxaca (14), Chihuahua (8), Chiapas (8), Veracruz (6) y Michoacán (6).
Por las investigaciones de los homicidios contra las personas defensoras sólo hay dos sentencias, lo que significa una impunidad del 98 por ciento.
De las 141 personas asesinadas aquí referidas, sólo seis se encontraban en el Mecanismo. Del total de casos, en sólo siete ha habido sentencias; la impunidad es de 95 por ciento.
Sobre el Mecanismo, dijo que cuando empezó la actual administración tenía 798 personas incorporadas, a las que se han agregado 708 más, por lo que hay mil 506 hasta el momento.
De ese total, 495 (33 por ciento) son periodistas (359 hombres y 136 mujeres), mientras que mil 11 son defensores de derechos humanos (543 mujeres y 468 hombres).
Por entidad federativa, los periodistas incorporados al Mecanismo se concentran en las siguientes seis: Ciudad de México (76), Guerrero (56), Tamaulipas (46), Quintana Roo (41), Sonora (26) y Veracruz (26). La mayoría de ellos se dedican a las fuentes política (298) y policiaca (226).
Los defensores de derechos humanos integrados la Mecanismo provienen fundamentalmente de las siguientes entidades: Ciudad de México (126), Oaxaca (123), Chiapas (93), Michoacán (92), Jalisco (79) y Estado de México (70).
Según el funcionario, el incremento de personas incorporadas al Mecanismo se debe a que ha habido mayor confianza en este, que es más visibilizado, que hay mayor acercamiento de organizaciones de la sociedad civil y al aumento de la violencia en estados y regiones del país.
Irazoque enumeró los factores que han generado los crímenes: el crimen organizado, que ha incrementado sus amenazas contra periodistas, especialmente los que cubren la fuente de seguridad, policiaca y de corrupción, y activistas que defienden la tierra y el medio ambiente.
También destacó el alto índice de impunidad que se registra en entre el 80 y el 90 por ciento de los casos, por lo que resaltó que por cada agresión denunciada debe haber acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. “Si no hay una mejora en el índice de impunidad no vamos a tener los resultados que queremos. Estos es importante que lo tengamos muy claro puesto que la impunidad exacerba la repetición de los actos tanto hacia las agresiones contra los periodistas como contra las personas defensoras de derechos humanos”, comentó Irazoque, quien estuvo acompañado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.
Mencionó que entre 40 y 50 por ciento de las agresiones contra periodistas y defensores provienen de autoridades y de servidores públicos: “No solamente no hay autoridades locales que estén dispuestas a asumir su obligación de proteger sino que son parte del problema”. Lo destacó porque es muy difícil que desde el Mecanismo se pueda revertir la violencia si las autoridades son la fuente de riesgo.
Al respecto también señaló que “necesitamos a los estados y a los municipios más comprometidos a asumir sus obligaciones constitucionales, y a colaborar y a coordinarse con este Mecanismo para poder rendir un mejor resultado en esta agenda”.
“El aumento de agresiones hacia personas defensoras y periodistas en el último año y en la década anterior es un componente más de la crisis de derechos humanos que el gobierno de México ha reconocido”, agregó Irazoque.
Aclaró que el Mecanismo es una medida extraordinaria, pero que lamentablemente en los últimos años no ha sido así: “Somos un área de primer contacto ante la deficiencia y la falta de voluntad política de las diferentes autoridades es el Mecanismo el que entra en primer sentido y quien se ha hecho cargo del 85 por ciento de las medidas que ha otorgado son vía su presupuesto”.
