El Gobierno de Nuevo León aseguró que “el cobro de piso, el tráfico de drogas y los privilegios se acabaron en el penal de Topo Chico” luego de que la Fuerza Civil del estado tomó el control de la cárcel, y luego de que se reubicarán a 233 reos (incluyendo a los dos sicarios que iniciaron la riña del pasado jueves).
En un comunicado de prensa, la administración de Jaime Rodríguez Calderón señaló que tras el motín del jueves pasado se tiene “control total del centro penitenciario” y se “puso fin al autogobierno que ejercían líderes del crimen organizado en complicidad con algunas autoridades”, aunque no se precisó cuáles.
“Celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños saunas fueron desmantelados por la corporación estatal”, se lee en el boletín de prensa publicado la noche de este domingo.
Asimismo, también se retiraron “280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar” operado por los líderes de los grupos criminales y en el cual se ofertaban “productos con sobreprecios de hasta un 120%” o a través del cobro de piso.
Una de las celdas contaba con un acuario
La policía estatal, además de incautar muebles, aparatos electrodomésticos y colchones, también destruyó “cientos de altares de la Santa Muerte, que incluían figuras de tamaño real, cuadros y vestuarios similares a los de matlachines (danzantes relacionados con ritos prehispánicos)”.
El gobierno estatal resaltó que tras su intervención se pudo recibir a tres mil 19 familiares de internos, entre niños, adultos mayores, mientras que más de ocho mil familiares ya pudieron “constatar el estado de sus seres queridos” tras el motín.
mahy
