La Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem) confirmó que 30 de 52 funcionarios mexiquenses investigados por el caso Tlatlaya fueron sancionados.
El secretario del Estado de México, José Manzur Quiroga, confirmó las sanciones y detalló que entre siete y ocho servidores fueron separados del cargo, mientras que 22 sólo serán suspendidas por algún tiempo.
“Hay varias destituciones, son siete u ocho destituciones y hay algunos funcionarios que van a ser suspendidos, en los 30 casos hay algún tipo de sanción siete u ocho destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas algún tiempo, unos por un mes, otros por más tiempo”, dijo Manzur Quiroga, de acuerdo con el reporte de El Universal.
Un día antes, el titular del Igispem, Isael Montoya, había adelantado las remociones de 10 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que ayudaron a levantar los reportes periciales tras el homicidio de 22 presuntos delincuentes en una bodega de Tlatlaya.
La dependencia precisó que estos 10 funcionarios son acusados de violar el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, por lo que dos fueron inhabilitados por cinco años, otros dos por tres, y al resto sólo por un año.
El resto de los servidores sancionados tienen suspensiones que van de 15 días a un mes, aunque la Igispem no dio detalles de estos últimos.
El proceso del resto de los funcionarios sigue en proceso, por lo que las faltas administrativas de 22 de 52 servidores quedan pendientes.
La investigación inició luego de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que sostiene que al menos 12 de las 22 personas abatidas en junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano a pesar de que se habían rendido.
A esto se suman los reportes de la Procuraduría General de la República que sugieren que la escena del crimen fue modificada por los peritos de la PGJEM, y que incluso se cometieron errores de recolección de pruebas que restan legitimidad al reporte final (los 22 presuntos secuestradores murieron durante un enfrentamiento con la milicia).
mahy
