El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en un documento que en México ha habido acciones de los gobiernos contra la prensa, acoso, amenazas, violencia, impunidad y autocensura que afectan a los periodistas. Indica que una de las responsables de ataques cibernéticos contra reporteros es Sanjuana Martínez, directora de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
En su informe 2020 sobre prácticas de derechos humanos en México, en el apartado sobre derechos civiles, el Departamento de Estado norteamericano señala sobre la libertad de expresión, entre otros problemas, varias acciones que los gobiernos, especialmente el federal, han enderezado contra los periodistas: buscaron desacreditarlos y los criticaron públicamente, además de que en redes sociales los han intentado bloquear para que no sigan sus cuentas.
El informe también señala que el gobierno continúa siendo una fuente importante de ingresos publicitarios para las empresas informativas, lo que en ocasiones ha influido en la cobertura periodística. Con datos de Article 19 correspondientes a 2018, el texto afirma que “el gobierno, a pesar de las reducciones en sus presupuestos publicitarios, seguía teniendo un fuerte impacto financiero e influencia en las empresas de medios más grandes. Y remata: “No se disponía de información sobre los criterios mediante los cuales el gobierno elige los medios de comunicación para la publicidad pública”.
Acerca de la propiedad de los medios, afirma que los monopolio, “especialmente en los mercados pequeños, restringieron en ocasiones la libertad de expresión”.
Aunque el documento reconoce que los periodistas “pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones”, aún hay una gran influencia oficial sobre los medios de comunicación, por lo que existe la autocensura por temor a represalias.
Con referencia a un informe de Freedom House de 2019, se señala que el internet de México es “parcialmente libre”, y denuncia “las tácticas de manipulación en línea, los altos niveles de violencia contra los reporteros digitales y las investigaciones que rodean las prácticas de vigilancia abusivas”.
Así, resalta que los seguidores del gobierno “lanzaron campañas en las redes sociales contra los periodistas que criticaron las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador transmitidas en vivo”.
El informe añade lo siguiente sobre la gravedad del asunto: “Los periodistas de medios digitales que cubren historias como delitos, corrupción y violaciones de derechos humanos experimentaron violencia física y abuso en línea. La discriminación, el acoso y las amenazas en línea fueron problemas en particular para las mujeres periodistas y políticas, así como para cualquier individuo y organización que defendiera los derechos de la mujer”.
Agrega: “Los periodistas que hicieron preguntas difíciles al presidente durante la conferencia de prensa diaria recibieron ataques a través de Twitter. Los tuits difundieron sus identidades y sus medios de comunicación y también hicieron amenazas veladas”.
En esta materia el Departamento de Estado norteamericano destaca el caso de Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex Agencia de Noticias del Estado Mexicano, quien ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenidos sobre algunas instituciones y funcionarios, según información de Aristegui Noticias, Signa Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y Artículo 19.
Recuerda el caso de Martínez Montemayor con referencia a un chat desde el que se ordenaba a los reporteros de la agencia a abrir cuentas falsas de Twitter para atacar a periodistas críticos de ella. Cita a Article 19: “Los ataques fueron muy graves y pusieron en riesgo la vida y la carrera de los periodistas”.
Las acciones de grupos delictivos contra la libertad de expresión también son tratados en el informe. Resalta que los periodistas han sido asesinados y han sido objeto de ataques físicos y ciberataques, acoso e intimidación como respuesta a información que han publicado.
Esa situación limitó la capacidad de investigación y de información de los periodistas, especialmente en fuentes como el crimen organizado, la corrupción y la política local. De esa forma los altos niveles de impunidad (que, según el dato de Article 19 citado en el documento, alcanza 99 por ciento en 2019) han dado lugar a la autocensura y la reducción de las libertades de expresión y de prensa.
Una de las preocupaciones que muestra el texto es que ha persistido la violencia física de grupos delictivos contra blogueros y usuarios de redes sociales “al mismo nivel que enfrentan los periodistas tradicionales”. Esta amenaza es muy alta, sobre todo en Guerrero, señala el Departamento de Estado.
