Las instalaciones de Ferrosur, empresa del Grupo México, en Veracruz, fueron tomadas por miembros de la Secretaría de Marina, al tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el que declara de utilidad pública esa ocupación a favor del proyecto del Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec.
Este viernes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que López Obrador declaró de utilidad pública el servicio público de transporte ferroviario en los tramos de las líneas Z (de Medias Aguas a Coatzacoalcos), ZA (de Hibueras a Minatitlán) y FA (de El Chapo a Coatzacoalcos), que habían sido concesionados a Ferrosur. Allí se ordenó la ocupación temporal inmediata a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es parte del Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec.
En el decreto se establece que el Corredor Interocéanico cubrirá el monto de la indemnización que se debe hacer a quienes acrediten su derecho de conformidad con lo que establezca el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Los interesados podrán acudir sólo podrán controvertir el monto de la indemnización.
Por ello elementos armados de la Secretaría de Marino ocuparon sorpresivamente desde muy temprano de este viernes las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas en Veracruz.
Frente a esos hechos el Grupo México publicó un breve comunicado en el que consideró como “sorpresiva e inusitada” la ocupación de sus instalaciones, por lo que analizará lo ocurrió con sus inversionistas y asesores.
Sin embargo, también informó que seguirá brindando servicio a sus usuarios “sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas”, además de que anunció que comunicará oportunamente las acciones que seguirá “con base en sus obligaciones como empresa pública”.
La noticia de la ocupación de las instalaciones de Ferrosur ocasionó que Grupo México y Grupo México Transportes tuvieran caída en la Bolsa Mexicana de Valores, por 3.9 por ciento y 4.1 por ciento, respectivamente.
Por otra parte, ante lo ocurrido la organización Sociedad Civil México dirigió una carta a las dirigencias de los partidos políticos de oposición, en la que manifiesta su “enérgico rechazo a las recientes acciones expropiatorias de activo y operaciones de empresas privadas llevadas a cabo por el Gobierno Federal”.
También consideró que eso tiene un impacto negativo en el clima de negocios, genera daños en la percepción de los inversionistas privados y afecta el Estado de derecho y la propiedad privada en el país.
Por lo anterior, llamaron a los partidos políticos de oposición a rechazar iniciativas expropiatorias del gobierno federal y a tomar medidas jurídicas para salvaguardar derechos y libertades de los particulares, así como a defender y promover la democracia, la libre empresa y el Estado de derecho.
