Aguascalientes tiene la primera ley “antiderroche” de todo el país, que impide a los políticos cambiar a su antojo el logotipo oficial y pintar de los colores de su partido ciudades y municipios, además que los obliga a usar el escudo local como imagen pública en todas las dependencias de la administración pública.
Sin embargo, a pesar de que se aprobó desde hace más de un año, la Ley de Imagen Institucional para el estado de Aguascalientes sólo ha entrado en vigor parcialmente.
La ley, aprobada el 2 de octubre de 2017, establece que la imagen institucional debe omitir cualquier alusión a persona alguna, partido político u organización privada, y termina con la vieja historia de que los edificios públicos, la infraestructura urbana y el mobiliario son pintados con el color del partido al que pertenece el gobernante.
De hecho, los colores institucionales para la imagen oficial, son el gris, el blanco y el negro, exclusivamente. Lo anterior, sin demérito de que en campañas específicas, por ejemplo de turismo o para promocionar fiestas regionales o ferias, las dependencias del poder ejecutivo y de los ayuntamientos, puedan convocar a concursos que identifiquen mejor y distingan la actividad planteada.
De la misma forma, cuando se quiera honrar a un personaje o a un año en específico, se obliga a las dependencias públicas que para evitar el derroche en papelería, la mención a que se refiera (personaje o año) deberá escribirse en el texto de los oficios, y no en la impresión de la hoja oficial utilizada por las dependencias, esto con el fin de que no exista desperdicio de papel al final del año.
La legislación de Aguascalientes, que consta de 20 artículos, plantea el uso del escudo de ese estado como la imagen institucional de los tres poderes y de los municipios locales, y en por lo menos tres artículos, insiste en la prohibición de utilizar eslóganes o imágenes que tengan relación con partidos políticos.
Los edificios públicos también deben pintarse con los colores institucionales, es decir, el gris, el blanco y el negro, y en el caso de la cromática y la sinalética que utilizan dependencias como Seguridad Pública, deberán remitirse a lo establecido en tratados internacionales, leyes federales y leyes locales específicas.
Pese a que se trata de una legislación de avanzada y que representa un ahorro importante de recursos, la ley de Imagen Pública sólo ha entrado en vigor en el Poder Legislativo de Aguascalientes, pues en los artículos transitorios se establece que el poder Ejecutivo, sus dependencias y sus organismos públicos autónomos, tendrán que hacer el cambio de imagen hasta el 1 de octubre de 2022, mientras que el Poder Judicial tendrá que aplicar la ley el 1 de enero próximo y los municipios del estado, el 19 de octubre siguiente.
Para el consultor en comunicación política, Audelino Macario, quien promueve una ley similar para Tabasco, la ley de Aguascalientes es un buen intento por hacer realidad una de las exigencias de la sociedad, para que se frene a los políticos acostumbrados a marcar territorio cuando llegan a los cargos públicos. “Es una ley que debe adaptarse a cada entidad y que debe mejorarse, para asegurarnos que un día, que espero no muy lejano, dejemos de ver el derroche presupuestal que vemos cada 3 y cada 6 años, y que también dejemos de ver nuestras ciudades pintadas del color del partido que gobierna”, resaltó.
