Miembros de las comunidades de Tecámac que se han amparado en contra de la obras en la Base Aérea de Santa Lucía consideraron “ilegal” el movimiento hecho por el gobierno federal en el sentido de declarar a dichas instalaciones como estratégicas para la seguridad nacional, como una forma de que se revoquen las suspensiones que se han otorgado.
El sábado, el diario El Universal informó que la Secretaría de la Defensa Nacional argumentó ante el juez Quinto en Materia Administrativa que dichas instalaciones son estratégicas para la seguridad nacional y que la suspensión otorgada a las comunidades de Tecámac pone en riesgo las actividades que se llevan a cabo para el país.
El representante de los 12 pueblos que han promovido amparos en contra del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, Arturo Hernández, dijo que ese recurso es “ilegal”. 
“Se omitió la consulta a nuestros pueblos a sabiendas de que existimos, y si bien la mayoría de nuestros pueblos no aparece en el registro del INPI, eso no es responsabilidad nuestra, es debido a su negligencia; entonces hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no siga siendo cómplice de esa omisión”.
Con ello, dijo, la Sedena pone en riesgo su movimiento por la defensa de sus derechos, ya que el juez podría admitir ese recurso y dar marcha atrás al amparo. Aunque confió en que el juez no lo haga así.
“En principio queremos confiar en el licenciado Juan Carlos Rosas Guzmán, en su ética profesional, en su principio de honradez; en segunda, decimos que sería ilegal a todas luces, porque de forma arbitraria no fuimos consultados en tiempo y forma, tal como lo establece el marco jurídico”.
Apenas el pasado 29 de agosto, en un contexto de cientos de amparos interpuestos en contra de las obras en Santa Lucía, el Consejo de Seguridad Nacional hizo un catálogo de todas las instalaciones de la Sedena, calificándolas como “instalaciones estratégicas”, buscando con ello que prive, ante los juzgados, el criterio de “seguridad nacional” para las obras del nuevo aeropuerto, que se construyen en propiedades de Sedena.
Con ese criterio, la Sedena ha buscado la revocación específica de la suspensión concedida a los pueblos de Tecámac, que tuvieron su primer victoria legal al argumentar que no fueron debidamente consultados en su calidad de pueblos originarios y de posibles afectados por las obras.
Al declarar a Santa Lucía como “instalación estratégica” la Sedena puede defender que toda alteración de las actividades que ahí se realizan pone en riesgo a todo el país.
El documento divulgado por El Universal el sábado revela algunos de los argumentos que la Sedena ha esgrimido para pedir que se revoque la suspensión otorgada a los pueblos de Tecámac.
De continuar la suspensión, señala, se detendrían todas las actividades de la instalación, con lo que “se impediría que la Base Militar apoye a la población civil mediante la aplicación o ejecución del Plan DN-III-E” o bien, “el despliegue inmediato de personal y material desde el centro del país a cualquier parte del territorio nacional para resguardar la defensa, integridad y soberanía del país”.
Según el gobierno federal, la suspensión de las obras los está obligando a usar otras instalaciones que no tienen el grado de equipamiento que posee Santa Lucía, lo que afecta la capacidad de respuesta del Ejército ante casos de emergencia.
