De cara a la elección intermedia no hay objetivo más importante para Morena y el obradorismo que conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Para ello, la estrategia consiste en presentar candidatos que puedan triunfar en gubernaturas estatales y alcaldías o que generen un cierto arrastre para los candidatos a legisladores que compiten por las siglas de la coalición.
Después de que sus dirigentes pasaron dos años en pleitos intestinos y desperdiciaron un tiempo valioso para institucionalizar el partido, hoy parecieran no tener otra alternativa para conservar el poder que hacer de Morena una franquicia electoral, sacrificando la posibilidad de formar un verdadero partido capaz de brindar proyección y futuro a la 4T.
Y aunque es natural que un partido político abrace el pragmatismo, lo de Morena está superando toda proporción. Parte de los perfiles que compiten hasta ayer eran pejefóbicos confesos.
En la ciudad de San Luis Potosí, por ejemplo, el ex alcalde panista Xavier Nava, llegó a decir que Morena y sus aliados eran una “porquería” y es acusado de haber financiado a militantes de FRENAAA, cosa que se comprometió a desmentir con pruebas y no ha hecho (shorturl.at/btK24).
Para la alcaldía de Monterrey va el senador panista Víctor Fuentes, quien en algún momento aseveró que se exiliaría en Miami si ganaba López Obrador, y lanzó toda una suerte de improperios contra el hoy presidente y sus seguidores, sin que parezca siquiera interesado en retractarse (aquí puede verse la conversación que sostuve con él (https://bit.ly/3rsf2jK ).
Pero los pejefóbicos son lo de menos a esta altura. Más dramático aún es que se recurra a políticos de lo más impresentables con historias de violencia, corrupción y patentes conflictos de interés– y que estos utilicen las siglas del partido para asegurarse impunidad y disfrutar de un fuero constitucional. Aquí algunos ejemplos:
En Ciudad Juárez al alcalde independiente Armando Cabada, que se presenta como candidato a diputado plurinominal, se le acusa de ser uno de los beneficiados de la nómina de Cesar Duarte, a través de la cual se desviaron millones de pesos. También se le imputa haber participado en feminicidios y actos sexuales con mujeres desaparecidas en los años noventa, como se relata en el libro “Cosecha de mujeres” de Diana Washington.
Para presidente municipal de Juárez está el ex panista y ex emecista, Cruz Pérez Cuéllar, también acusado de recibir sobornos de Cesar Duarte y quien tiene iniciado un proceso de desafuero a solicitud de la Fiscalía de Chihuahua. Su agenda en el legislativo ha tenido poco que ver con los principios de la 4T. Según militantes inconformes, básicamente ha operado por la desregularización del sector energético para pagar los favores económicos de quien financió su campaña.
En Nuevo León, el rostro joven y fresco de Clara Luz Flores es la cara detrás de la cual se oculta el cacicazgo de Abel Guerra, quien hizo jugosos negocios a través de una constructora, manejada por Juan Antonio Neri, uno de sus prestanombres, cuando Clara era alcaldesa de Escobedo.
Al matrimonio se le imputa el haber formulado un plan de desarrollo urbano en ese municipio para favorecer sus propios intereses. Además la pareja fue acusada por estar detrás del secuestro del periodista Víctor Badillo, violentado por denunciar lo que parece ser un largo historial de negocios ilegales. Nadie sabe a cuánto asciende la fortuna de Clara y Abel y la candidata ha rechazado publicar su 3 de 3.
En Quintana Roo, Marciano Dzul Camaal, un cacique local cercano al ex gobernador Roberto Borge, compite para la alcaldía de Tulum, después de haber sido su presidente municipal por las siglas del PRI entre 2009 y 2011. En medios ha trascendido que Dzul presumía tener 100 millones de pesos disponibles para el partido que apadrinara su candidatura.
Otro caso polémico en ese estado es el de Laura Beristain, quien va por el municipio Solidaridad, y cuyas acusaciones de corrupción en obras de remodelación de la emblemática Quinta Avenida de Playa del Carmen han sido incluso tema de las mañaneras.
Visto de forma cínica, este tipo de candidatos al menos ofrecen una ventaja: Casi todos ellos tienen un historial tan cuestionable que difícilmente darán un “lilitellazo” al llegar al poder. La razón es muy simple: sus expedientes judiciales serían un poderoso disuasivo para quien pretenda salirse del huacal.
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