El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó el elevado grado de impunidad que prevalece en México, especialmente en relación a crímenes contra mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos.
“La impunidad y una tasa extrema de ausencia de la implementación de la ley siguen siendo un problema para todos los crímenes; incluidos los abusos a los derechos humanos”.
Como parte de un reporte sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el gobierno norteamericano dijo que la situación en México durante 2020 tuvo como uno de los más graves problemas la impunidad y el bajo número de delitos que se procesan legalmente.
Coincidentemente, el informe se dio a conocer cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta un doble escándalo internacional por los asesinatos de Victoria Salazar y Elvin Mazariegos Pérez, la mujer salvadoreña y el joven guatemalteco victimados por la policía de Tulum y el Ejército mexicano, respectivamente.
Según el presidente, en su gobierno “ya no hay impunidad”, pero el punto de vista del gobierno de Estados Unidos es muy distinto.
El reporte enfatiza que en México hay funcionarios del gobierno que son cómplices del crimen organizado y que dichos casos rara vez llegan a juicio y aún menos a una condena.
“Elementos del crimen organizado, incluidas las pandillas locales y transnacionales así como narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas”, delitos que permanecen impunes.
“Asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y condiciones deplorables en las prisiones, arrestos arbitrarios y detenciones ilegales y por mucho tiempo, violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos”, señala.
Esto ha llevado a elevados grados de violencia en contra de grupos vulnerables, actos que permanecen impunes, especialmente los cometidos en contra de las mujeres.
“En marzo, miles de mujeres participaron en una huelga nacional para protestar contra la violencia de género y el feminicidio, exigiendo acción del gobierno”.
Tales delitos como los que se cometen contra la prensa y defensores de derechos humanos, tienen “altas tasas de impunidad”.
Aseguró que además de los asesinatos y agresiones físicas, las descalificaciones verbales que funcionarios de todos los niveles de gobierno han realizado en contra de miembros de la prensa han llevado a que los periodistas ejerzan “autocensura” y la libertad de prensa y de expresión estén amenazadas.
Asimismo, se han dado casos de acoso e intimidación por parte de elementos del crimen organizado hacia la prensa, delitos que rara vez se procesan o se castigan.
