La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) investiga, de oficio, la existencia de posibles prácticas monopólicas absolutas en el fichaje de jugadores que participan en los diferentes clubes de futbol profesional en México.
En un comunicado, el organismo explicó que de conformidad con lo estipulado en el Artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), se consideran prácticas monopólicas aquellos contratos, convenios o arreglos efectuados entre los agentes económicos que manejan los clubes deportivos, con el fin de modificar la dinámica del mercado en su beneficio.
En dicha normativa, se catalogan como prohibidas acciones como manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre agentes económicos, que inciden negativamente en la competitividad y movilidad laboral de los futbolistas.
“Por consiguiente, esta comisión cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación, en términos de los artículos 66 y 71 de la de la LFCE”, indica el documento.
#COFECE investiga posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichaje de jugadores de futbol ⚽. La información completa en el #comunicado ➡ https://t.co/n13rZdiMfC pic.twitter.com/GU7hcsitCc
— Cofece (@cofecemx) November 7, 2018
La COFECE aclara, sin embargo, que esta investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de algún agente económico en particular, en este caso, los clubes de futbol. Asimismo, precisa que las indagatorias pueden durar hasta 120 días contados a partir de 29 de junio de 2018, fecha en que quedó abierto el expediente.
De encontrarse en la investigación conductas violatorias de la ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten elementos de prueba en su defensa; asimismo, de confirmarse la existencia de prácticas monopólicas absolutas, los agentes económicos involucrados podrían hacerse acreedores a multas equivalentes al 10% de sus ingresos.
“También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas. Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión de conformidad con el Código Penal hasta por 10 años”, concluye el boletín.
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