El Instituto Nacional Electoral (INE) no aprobó la extensión del periodo de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del PRI hasta el 2024, debido a que esa ampliación de su periodo se debía al Plan B de reforma electoral, que aún no está vigente.
En su prolongada sesión de este lunes, el Consejo General del organismo electoral, en una cerrada votación de seis contra cinco, rechazó el cambio al artículo 16 del Estatuto del partido tricolor, por el que su Consejo Político Nacional podía tomar decisiones, por ciertas causales como cambios a las leyes electorales, sin convocar a su Asamblea Nacional.
La reforma interna del PRI para ampliar el periodo de su actual dirigencia nacional hasta 2024 había sido aprobada por su Consejo Político Nacional el pasado 19 de diciembre de 2022, pero fue impugnada por importantes figuras de ese partido, como los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, y el exgobernador Héctor Astudillo.
Lo que determinó el INE fue que no podía pronunciarse sobre la procedencia de la modificación señalada, porque el partido había alegado urgencia para adecuar su Estatuto a la reforma electoral conocida como Plan B, pero que hasta la fecha no ha entrado en vigor.
Según explicó en la sesión Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, el problema radicó que en el acta del Consejo Político se adujeron modificaciones legales y su inminencia. Pero hasta este lunes aún no se ha concretado la reforma electoral, por lo cual no se han generado efectos jurídicos, consideró.
En contra de ello se manifestó Rubén Moreira, representante del PRI por el Poder Legislativo, quien pidió a los consejeros del INE voltear a ver la voluntad de los consejeros del PRI ya que de haber querido convocar a la Asamblea Nacional lo hubieran podido hacer. También dijo que si no aprobaba la reforma, el INE causaría un “daño irreparable” por los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila, y porque la publicación del Plan B es “inminente”.
Al darse a conocer la resolución del INE, el PRI expresó que la respeta, pero que “aún falta el posicionamiento de las demás instancias en la materia, y se deberán agotar todas las etapas del proceso para acreditar la legalidad de las modificaciones realizadas a los Estatutos.
También negó que las modificaciones consistan en la extensión del mandato de la dirigencia, sino que es “simplemente la adecuación de nuestros estatutos a la normativa electoral vigente que se dará con la inminente publicación del Plan B”.
