Los dos fideicomisos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE) tienen sustento en la Constitución y son dedicados a satisfacer los derechos laborales de sus empleados y al mantenimiento de los módulos de atención a los ciudadanos, informó, una vez más, ese organismo frente a la embestida encabezada por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mediante un comunicado, el INE explicó otra vez que su par de fideicomisos tienen su base en la Constitución, la que establece que “contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función”.
El instituto afirmó que cuenta con dos fondos: para Atender el Pasivo Laboral, con el que garantiza la protección de sus trabajadores, y para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que incluye el que es para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.
Ante la ofensiva oficial y oficialista en estos días a cargo del burócrata Gómez (quien desde sus tiempos en el Partido Comunista y sucedáneos siempre se distinguió por ser un apparátchik), el INE volvió a aclarar que, como establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos de esos fideicomisos no pueden utilizarse para un fin distinto para el que fueron creados.
INE
El organismo electoral también aclaró que los fideicomisos referidos cuentan con mil 353 millones de pesos, de los que hay 626 disponibles, pero que no pueden ser utilizados por la razón señalada arriba.
El martes pasado, en su desesperación por hallar culpables y hasta por castigar el alto abstencionismo registrado en la revocación de mandato, Gómez ha dedicado una serie de tuits sin fundamento legal ni racional. Sobre los fideicomisos, tuiteó el martes que “no hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1.360 millones en sus fideicomisos ilegales”.
Pero esa lucha que ha dado Gómez en la campaña oficial y oficialista contra el INE viene cuando menos desde febrero pasado, cuando señaló la supuesta ilegalidad de los fideicomisos. Sin embargo, no se ha ocupado en demostrarla.
Desde noviembre, en otra parte de la tarascada contra el INE desatada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sostenida por Morena, Ignacio Mier, líder de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados señaló el asunto de los fideicomisos del INE. Desde entonces los consejeros del organismo dejaron el asunto claro.
En aquel entonces Lorenzo Córdova, en una entrevista con Elisa Alanía, explicó que uno de los fideicomisos es para atender las obligaciones laborales del INE “en casos de liquidaciones, de despidos, cuando hay que pagar alguna compensación o juicios laborales que se pierden y hay que hacer alguna erogación.
“El INE no pide dinero para estas cosas sino que de sus economías lo deposita en un fideicomiso específico para este fin”.
Sobre el otro fideicomiso, comentó que es para infraestructura inmobiliaria, y tiene dos partes: “La primera parte la dedicamos a darle mantenimiento a los más de mil 500 inmuebles que tiene el INE en el país. Tenemos oficinas en 300 distritos y en las 32 entidades, más mil módulos de atención ciudadana, donde expedimos la credencial”.
También se usan esos recursos (que son de generación propia) para mejorar esos módulos y hacer adecuaciones, como se hizo en ocasión de la pandemia de Covid-19.
En aquella ocasión, Córdova añadió sobre la utilización de esos recursos para la revocación: “No se pueden usar porque una vez que les pones el dinero sólo los puedes usar para las finalidades de ese fideicomiso. Si nosotros usáramos ese dinero nos iríamos a la cárcel. Y no lo vamos a hacer”.
Y aclaró entonces: aunque los recursos de esos fideicomisos se pudieran usar para la revocación, no alcanzarían.
El 11 de noviembre del año pasado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (quien incurrió en diversos ilícitos en el reciente proceso electoral), también señaló el asunto de los fideicomisos, y desde entonces el INE dejó muy clara la situación.
Pese a esas aclaraciones hechas desde noviembre y no sólo en una ocasión, cinco meses después el titular de la UIF no las quiere entender.
En su comunicado de este jueves, el INE también explicó que sus fideicomisos son transparentes y que de ellos se rinden informes de manera trimestral a la Junta General Ejecutiva, además de que se publican en internet en la página del instituto.
El INE también recuerda que hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que señala que el INE debe atender los derechos laborales de sus trabajadores.
Pero, sin ninguna argumentación jurídica, Pablo Gómez, titular de la UIF (quien tiene a muchos familiares trabajando en el gobierno), hoy se coloca frontalmente hasta contra los derechos de los trabajadores y buenas instalaciones y servicios para la ciudadanía.
